Fiscalía de Santiago somete a 13 personas por falsificación de documentos públicos.
La Junta Central Electoral (JCE) expresó su apoyo al sometimiento de 13 personas a la justicia, en el marco de una red de falsificación de documentos públicos descubierta en la ciudad de Santiago. La red, que operaba de manera clandestina en la Junta Electoral de ese municipio, tramitó miles de documentos falsificados, incluidos actas de nacimiento y cédulas de identidad, lo que generó un escándalo en el ámbito judicial y administrativo del país.
La acusación, que fue formalizada por la Fiscalía de Santiago, está basada en una exhaustiva investigación realizada por la Consultoría Jurídica y la Dirección de Seguridad Civil de la JCE, junto con oficiales expertos y personal encubierto de la institución.
El caso, conocido como el “Caso Colibrí”, implica a una serie de individuos que participaron activamente en una red que fabricaba documentos oficiales falsos.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la acusación presentada incluye más de 600 páginas que detallan cómo operaba la estructura criminal. Los fiscales explican que los “buscones” o intermediarios eran los encargados de conseguir a los solicitantes de los documentos fraudulentos, mientras que otros miembros del grupo se encargaban de la tramitación ilegal de las actas en el Registro Civil Dominicano.
La JCE subraya que el Ministerio Público, a través de allanamientos judiciales, incautó más de 800 elementos de prueba, incluyendo los plásticos utilizados para la impresión de los documentos falsificados. Entre los elementos incautados se encontraron materiales que permitían la reproducción de cédulas y actas oficiales de manera ilegal, lo que agravó aún más la magnitud del fraude.
Los acusados en el caso incluyen a Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital), José Rosario Marte (Cheo), Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy), y José Carlos Montero Troncoso.
Entre las imputaciones que enfrentan estos individuos, se encuentran violaciones a los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, que abarcan los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, y otros fraudes relacionados. En el caso de José Carlos Montero Troncoso, quien fue empleado de la JCE, también se le acusa de violar la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales, así como la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, debido a su participación en el uso indebido de la información personal de los ciudadanos.
El presidente de la JCE reiteró el compromiso de la institución en la lucha contra la falsificación de documentos y aseguró que seguirán enfrentando de manera contundente cualquier acción que vulnere la integridad del Registro Civil y la identidad de los ciudadanos dominicanos. Además, destacó la cooperación de la JCE con el Ministerio Público y otras autoridades en la persecución de este tipo de delitos.
Con este caso, la JCE reafirma su papel crucial en la protección de los datos ciudadanos y en la garantía de la seguridad de los documentos oficiales que respaldan la identidad de los ciudadanos dominicanos.
