Una estructura criminal de 13 imputados desmantelada en la Operación Colibrí
La Fiscalía de Santiago ha presentado una contundente acusación de más de 600 páginas contra una supuesta peligrosa red criminal que operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago y amenazaba la seguridad jurídica de República Dominicana.
Esta organización delictiva, desmantelada mediante la Operación Colibrí, falsificó miles de documentos públicos y privados, incluyendo cédulas de identidad, licencias de conducir y títulos de propiedad, generando un grave riesgo para la seguridad jurídica del país.
Entre los acusados destacan Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, y José Carlos Montero Troncoso, exempleado de la Junta Central Electoral.
Según la Fiscalía, estos individuos formaban una red organizada que delegaba roles específicos a sus miembros para falsificar documentos oficiales, incluyendo la alteración de actas del Registro Civil mediante el borrado del contenido original en papel de seguridad.
Allanamientos y más de 800 pruebas incriminan a los acusados
La Fiscalía, en conjunto con expertos y oficiales encubiertos, aportó más de 800 elementos probatorios, incluyendo plásticos confiscados en allanamientos, utilizados para fabricar documentos falsos.
El material evidencia la magnitud y sofisticación de la estructura criminal, que operaba con el apoyo de los llamados "buscones", quienes captaban clientes para tramitar estos documentos ilegales.
Delitos incluyen falsedad, alta tecnología y acceso fraudulento
El Ministerio Público califica las acciones como violaciones graves a los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, además de múltiples leyes específicas como la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y la Ley 53-07 sobre Crímenes de Alta Tecnología.
Los cargos incluyen falsificación de escrituras públicas, acceso fraudulento a bases de datos y asociación ilícita, delitos que amenazan profundamente la integridad de las instituciones nacionales.
De acuerdo al Ministerio Público, la Operación Colibrí expone un esquema de corrupción sistemática y falsificación masiva, reflejando la urgente necesidad de proteger la seguridad jurídica del país.
Las investigaciones fueron encabezadas por el Ministerio Público en colaboración con los técnicos de la Junta Central Electoral
