Participación Ciudadana rechaza política de anonimato del Poder Judicial

Organización alerta sobre impactos negativos en transparencia y combate a la corrupción

Santo Domingo, República Dominicana. La organización no partidista Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó su rechazo a la nueva política de protección de datos aprobada por el Poder Judicial, que permite la eliminación o sustitución de información que pueda identificar a personas físicas en procesos judiciales. La medida, aplicada como regla general, ha sido calificada por la entidad como un retroceso en la lucha contra la corrupción y la transparencia.

Críticas a la normativa

Participación Ciudadana advirtió que esta política podría invisibilizar a infractores de la ley, incluidos los responsables de actos de corrupción, contribuyendo a la impunidad y afectando la confianza pública.

Según la organización, la normativa contradice el principio constitucional que garantiza la publicidad de los juicios como parte del debido proceso, un derecho que protege no solo a los imputados, sino también a la sociedad al asegurar la transparencia en los procesos judiciales.

“La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, imputados y otras partes procesales, salvo excepciones para menores de edad y personas vulnerables”, señaló la entidad.

Restricciones al acceso de información

La nueva política también impone restricciones al acceso de expedientes judiciales por parte de terceros, lo que incluye a medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Participación Ciudadana enfatizó que estas medidas contravienen el derecho a la información y la libertad de expresión, elementos esenciales en un régimen democrático.

La organización sostiene que cualquier conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información debe resolverse a favor de la transparencia, especialmente en casos que involucren a funcionarios públicos y recursos del Estado.

Preocupaciones específicas

Entre los aspectos más cuestionados de la normativa, Participación Ciudadana destacó:

• La extensa lista de datos personales sujetos al anonimato, que incluye la cédula de identidad y electoral, indispensable para diferenciar personas con el mismo nombre.

• La posibilidad de que esta política sea usada como herramienta para limitar el acceso de la prensa y la ciudadanía a información judicial.

La organización también señaló que esta medida se adopta en un contexto donde el país enfrenta grandes desafíos en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, la trata de personas y otros delitos graves como feminicidios y lavado de activos.

Llamado a rectificar

Participación Ciudadana instó al Poder Judicial a retirar esta normativa, calificándola como un obstáculo para los avances logrados en materia de transparencia y rendición de cuentas. Según la entidad, el anonimato excesivo no es compatible con el nivel de desarrollo institucional que requiere el país, especialmente en un sistema de justicia que aún enfrenta importantes debilidades.

La organización concluyó alertando sobre el riesgo de que esta política debilite los esfuerzos nacionales e internacionales por combatir la corrupción y fortalecer la democracia.

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