Tribunales imponen 20 años de cárcel y prisión preventiva por separado
Fiscalía de Santiago obtiene dos condenas de 20 años de cárcel por separado contra dos hombres que violaron adolescentes resaltadose la responsabilidad con que actuó la institución educativa, que detectó la violación a la ley en contra de los jóvenes, mientras en San Pedro de Macorís envíaron a prisión a un profesor imputado de violar a otro estudiante adolescente
En Santiago, la Fiscalía obtuvo del Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, dos condenas de 20 años de cárcel contra dos hombres que, en hechos separados, violaron sexualmente a varios adolescentes con edades de entre los 12, 14 y 16 años, en Gurabo, y La Canela, en esta ciudad.
El acusado de uno de los casos, Deivy Alejandro Sosa Torres, condenado a 20 años de reclusión mayor, fue arrestado en el año 2023 tras la denuncia que interpuso, vía la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la madre de la víctima de 12 años, cuyo nombre se omite por razones legales, luego de que el adolescente confesara lo que había sufrido.
Otra de las víctimas de Sosa Torres fue un pariente de 16 años de edad, quien confesó que su familiar había abusado de él desde la edad de 5 años.
El fiscal litigante Pedro Martínez, actuando en representación de la Fiscalía de Santiago, manifestó al tribunal que la seguridad de la población infantil de la comunidad y zonas aledañas estuvo amenazada, por la conducta del acusado. De ahí, destacó la necesidad de una condena severa y coherente con los hechos.
El expediente que la Fiscalía prepare, basado en múltiples evidencias materiales, documentales y otras periciales, incluyendo entre estas el resultado de las evaluaciones certificadas por peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), revelan la gravedad de la acusación y del daño ocasionado a nivel físico y psicológico a la víctima.
Explicó el litigante que, mientras la víctima se encontraba solo, el condenado, bajo amenaza, constreñimiento, coacción y terror psicológico, lo llevaba a su casa donde materializaba el abuso.
Violó sexualmente y mantuvo intimidada durante dos años a la víctima
El tribunal, presidido por el juez Osvaldo Castillo e integrado por los magistrados Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, atendiendo a la gravedad de los hechos narrados y sustentados en numerosas pruebas, también impuso la pena de 20 años contra el acusado Daniel Lora Gómez, quien, abusando de la confianza que habían depositado en él, violó sexualmente y mantuvo intimidada durante dos años a la víctima de 14 años de edad, cuya identidad, igualmente, se protege.
En este caso, la madre de la víctima se percató de los mensajes de índole sexual que el acusado enviaba a la víctima que, al ser interpelada, confesó que hacía dos años que sufría los abusos del hoy condenado.
Acerca de estos hechos y su gravedad, el titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla, resaltó la importancia de que las instituciones, sobre todo las educativas, trabajen de manera articulada a fin de poder detectar e intervenir ante la sospecha de que un niño, niña o adolescente esté sufriendo abusos, para poder resguardar a la víctima y judicializar a los responsables.
Por lo sensible del tema, la gravedad de los delitos y la vulnerabilidad de las víctimas, Bonilla indicó que desde la Unidad que atiende estos casos, destina personal altamente profesional para el levantamiento pericial.
Uno de estos casos llegó vía un centro educativo, donde el equipo docente pudo detectar varias señales de abuso en una de las víctimas que presentó bajas significativas en sus calificaciones, se le veía agresivo, se irritaba muy fácilmente, además de que se airaba. Le fueron detectados también un cuadro depresivo y de ansiedad severos.
Contra Sosa Torres se presentaron cargos por violacion al artículo 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la ley 24-97, sobre Violencia de Género, y por violación al artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que tipifica la violación sexual y el abuso psicológico.
Contra Lora Gómez fueron acogidos cargos por violación a los artículos 309-1, 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97; artículo 396 letras B y C de la Ley 136-03, que sanciona la violencia basada en género, agresión y violación sexual, abuso psicológico y sexual.
Envían a prisión a profesor imputado de violar estudiante adolescente en San Pedro de Macorís
En el ultimo caso, en San Pedro de Macorís, el Ministerio Público de este distrito judicial obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra del profesor Fernando Altagracia Peña Eusebio, quien es imputado de violar y agredir sexualmente a una estudiante de 13 años de edad.
La jueza Darlis Altagracia Eusebio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, le impuso la prisión preventiva a Peña Eusebio con base en las evidencias aportadas por el Ministerio Público, que les vinculan con la violación sexual contra la adolescente, cuyo nombre se omite por razones legales.
Al profesor Peña Eusebio se le atribuye la violación de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, y el artículo 396, letras A, B, C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El imputado fue arrestado en el transcurso de la investigación que sigue en su contra la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del distrito judicial de San Pedro de Macorís por los hechos cometidos contra la víctima. Otro profesor al que también se le atribuye haber violado a la adolescente, se encuentra prófugo.
El Ministerio Público arrestó mediante orden judicial al imputado y procedió con su sometimiento a la justicia luego de obtener diferentes evidencias que le vinculan al grave hecho.
El pasado 23 de noviembre el órgano persecutor depositó ante el tribunal la solicitud de prisión preventiva para el imputado, a fin de garantizar su presencia en el proceso hasta que el Ministerio Público concluya las investigaciones.
El tribunal ordenó el cumplimiento de la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
