Regulación busca modernizar y garantizar seguridad en acuerdos estatales privados
Santo Domingo, D.N.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que está finalizando el anteproyecto de ley de concesiones. Esta nueva normativa busca regular este tipo de contratación para gestionar necesidades estatales de manera simplificada y sin comprometer los recursos públicos.
El anteproyecto, que será entregado al Poder Ejecutivo en enero, establece un régimen de concesiones para permitir acuerdos entre el Estado y privados en la gestión de bienes o servicios públicos.
Entre las principales características del proyecto normativo destacan:
- Proyectos permitidos: bienes, servicios y obras.
- Duración: entre 5 y 30 años.
- Financiamiento: inversión total a cargo del sector privado.
- Recuperación de inversión: mediante tasas administrativas razonables.
Beneficio clave: cero riesgos económicos para el estado dominicano
La DGCP enfatizó que en este régimen no se transfiere la propiedad de bienes públicos ni recursos estatales, y el Estado no asume riesgos económicos derivados de la operación del bien o servicio otorgado en concesión.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, subrayó:
“Establecer disposiciones que regulen las concesiones permitirá completar las normativas hacia un sistema integrado de contrataciones públicas, promoviendo inversión y desarrollo”.
Fortaleciendo el sistema nacional de contrataciones públicas
Este esfuerzo responde al mandato del presidente Luis Abinader de modernizar y fortalecer el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. La implementación de esta normativa ofrecerá:
- Mayor eficiencia en la adquisición de bienes, servicios y obras.
- Un marco normativo integral que incluya concesiones y alianzas público-privadas.
Una actualización necesaria para superar la ley 340-06
Cabe destacar que, anteriormente, las concesiones estaban reguladas bajo la Ley 340-06. Esta nueva propuesta busca actualizar y robustecer el marco jurídico para garantizar mayor transparencia y seguridad en los acuerdos entre el Estado y el sector privado.
La aprobación de esta ley busca ser un paso clave para atraer inversiones privadas y garantizar un desarrollo sostenible para la República Dominicana.
