Buscan fortalecer comunicación y transparencia con propuestas de protección de datos
Santo Domingo.-El Poder Judicial y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) iniciaron un proceso de diálogo para socializar iniciativas relacionadas con la comunicación y la transparencia. Durante la primera reunión, se acordó compartir próximamente las políticas de Protección de Datos, Comunicación y una propuesta de Política de Datos Abiertos.
Estos documentos serán analizados por una comisión integrada por el magistrado Francisco Ortega Polanco, miembro de la Suprema Corte de Justicia, y representantes de la SDD.
El objetivo es identificar mejoras y presentar recomendaciones al Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Como parte del proceso, se establecerá un Observatorio para supervisar la implementación de la Política de Protección de Datos. Este órgano garantizará que la política respete los preceptos jurídicos y evite posibles distorsiones durante su ejecución.
El presidente de la Suprema Corte, en el encuentro, destacó la importancia de la libertad de prensa y el derecho a la privacidad como pilares de una sociedad democrática. “La Política de Protección de Datos busca proteger la dignidad, privacidad y derechos fundamentales de todos”, afirmó.
El presidente de la SDD, Persio Maldonado, enfatizó que es fundamental que las políticas de protección de datos coexistan con la libertad de expresión y de prensa, herramientas esenciales para defender otros derechos fundamentales.
El mes de marzo de 2025 fue establecido como fecha límite para presentar los resultados de este diálogo ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
La reunión tuvo lugar en el despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia y contó con la participación de:
Por parte de la SDD, asistieron su presidente, Persio Maldonado; Miguel Franjul, director de Listín Diario; Aníbal de Castro, director de Diario Libre; José P. Monegro, director de El Día; Nelson Rodríguez, director de El Caribe; y Ramón Tapia, director jurídico de la SDD.
Este diálogo representa un paso significativo hacia la construcción de políticas públicas que armonicen los derechos fundamentales con la transparencia y la comunicación institucional.
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