Cero muertes por alcohol adulterado y respaldo global a su estrategia
SANTO DOMINGO.- En una reunión de la Mesa de los Ilícitos, encabezada este martes por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, el Gobierno dominicano destacó la obtención de siete sentencias históricas contra el comercio ilícito, así como la reducción a cero de las muertes por consumo de alcohol adulterado.
Estos logros, alcanzados a lo largo de 2024, han fortalecido el reconocimiento internacional hacia la República Dominicana por su capacidad de salvaguardar la economía formal, la salud ciudadana y la integridad de los mercados.
Durante el encuentro, el presidente Abinader subrayó la importancia de mantener una acción firme contra este flagelo:
“Estos resultados nos comprometen aún más a seguir destinando recursos y esfuerzos para erradicar las actividades ilegales que ponen en peligro la seguridad ciudadana y la estabilidad económica.”
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, presentó un informe de coyuntura que detalla los avances alcanzados. Entre ellos, se destacan seis sentencias firmes en materia de ilícitos, la incautación de más de 75 millones de unidades ilegales desde 2020 y el que la República Dominicana haya salido de la lista de observación del Informe 301 de Estados Unidos sobre Propiedad Intelectual.
Además, mencionó un caso emblemático: la condena a 30 años de prisión, dictada en marzo de 2024, contra un individuo involucrado en el tráfico de alcohol adulterado, un hito que refleja el compromiso de las autoridades con la aplicación rigurosa de la ley.
La magistrada Miriam Germán, procuradora general de la República, ofreció las palabras de apertura, destacando el valor del trabajo coordinado entre el sector público y el privado.
Este esfuerzo se concreta en la Mesa de los Ilícitos, instancia que reúne a gremios sectoriales —alcohol, tabaco, medicamentos e hidrocarburos— y diversas instituciones públicas, con el objetivo común de combatir el contrabando, la falsificación y la adulteración de productos.
La articulación entre el Gobierno y los sectores productivos ha fortalecido la capacidad de la CECCom (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) y posibilitado la creación de una Dirección especializada dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, enfocada exclusivamente en la lucha contra el comercio ilícito.
Asimismo, el desarrollo de un Tablero de Control de Comercio Ilícito ha promovido la transparencia y la rendición de cuentas, factores clave para consolidar el éxito de estas medidas.
Otro resultado destacado es la drástica reducción de muertes por consumo de alcohol adulterado, una problemática que en años anteriores había causado alarma nacional.
La ausencia total de víctimas en el último período es muestra del impacto directo y positivo de las acciones del Gobierno, otorgando mayor confianza a consumidores e inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
La creciente reputación internacional de la República Dominicana en este campo se ve reflejada en elogios provenientes de diversas organizaciones y países. Esta valoración externa se suma al reconocimiento interno que recibió la magistrada Miriam Germán durante el acto, donde fue homenajeada por su rol central en el fortalecimiento del sistema de persecución y sanción de los ilícitos.
La creación del Consejo Público-Privado de Combate al Comercio Ilícito, mediante el decreto 405-22, consolida las bases para una lucha sistemática y sostenible. Esta iniciativa permitirá articular políticas de largo plazo, institucionalizar las medidas y garantizar su continuidad, más allá de coyunturas específicas.
En definitiva, las siete sentencias históricas, la eliminación de muertes por alcohol adulterado y la mejora en el control de mercancías ilegales confirman la determinación del Gobierno dominicano de erradicar el comercio ilícito. Gracias a la unión entre el Estado y los sectores productivos, la República Dominicana se posiciona como referente regional en la construcción de un entorno comercial más seguro, íntegro y confiable, refrendando su compromiso con el bienestar ciudadano y la legalidad económica.
