Militarizan Bayahíbe ante denuncia de destrucción de manglares

Autoridades despliegan militares en Laguna Dominicus para frenar relleno ilegal

Las autoridades intervinieron la Laguna Dominicus, en Bayahíbe, municipio de San Rafael del Yuma, Higüey, ante la destrucción de los manglares por parte de una constructora, que de acuerdo a los informes se proponía construir un hotel.

Equipos pesados trabajaban en el relleno del humedal, mientras materiales de construcción se apilaban, evidenciando planes para urbanizar el área protegida.

Los denunciantes apelaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que actuara. Rápidamente se ordenó la militarización del lugar y fueron desplegando efectivos para detener los trabajos ilegales, según los informes. Sin embargo, el daño ya es significativo: manglares arrancados, crustáceos y aves desplazados, y la biodiversidad local gravemente afectada.

Una agresión contra la naturaleza

La Laguna Dominicus, conocida por su riqueza ecológica y su rol esencial en la protección costera, ha sido víctima de una devastación alarmante. Según testigos locales, maquinaria pesada llegó al área desde tempranas horas, arrasando con la vegetación y rellenando el humedal para preparar el terreno con fines de construcción.

Los manglares son fundamentales para mantener el equilibrio ecológico, ya que funcionan como barreras naturales contra huracanes, refugio de especies marinas y filtros de carbono. La pérdida de estos ecosistemas podría tener consecuencias irreversibles para la biodiversidad y el turismo de la región.

Respuesta de las autoridades

Tras hacerse viral las denuncias en redes sociales, el Ministerio de Medio Ambiente actuó con celeridad. Militares fueron desplegados para resguardar la zona y detener los trabajos. No obstante, residentes y ambientalistas han expresado preocupación por la posibilidad de que los responsables de esta acción ilícita no enfrenten las sanciones correspondientes.

De acuerdo con la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la destrucción de áreas protegidas y humedales está estrictamente prohibida, con penas que incluyen multas y prisión. A pesar de ello, casos similares en el pasado han quedado impunes, lo que genera desconfianza en la capacidad de las autoridades para prevenir futuros atentados contra la naturaleza.