La reelección de Donald Trump y su próxima investidura el 20 de enero de 2025, han generado un creciente clima de incertidumbre y temor entre las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. Con promesas de campaña centradas en políticas migratorias más estrictas, las expectativas son altas respecto a los cambios que se avecinan.
Deportaciones masivas, restricciones en los programas de protección y la amenaza a la ciudadanía por derecho de nacimiento son algunos de los temas que tienen en vilo a millones de inmigrantes y defensores de sus derechos.
Una de las principales promesas de Trump durante su campaña ha sido la implementación de deportaciones masivas, una medida que podría afectar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.
Este plan se basa en la premisa de que los inmigrantes que hayan cometido delitos, así como aquellos que se encuentren en situación irregular, deben ser expulsados del territorio estadounidense. La estrategia ha causado alarma en países de América Latina, principales lugares de origen de estos inmigrantes, que se preparan para una posible ola de retornos masivos
Además, Trump ha dejado claro su deseo de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio constitucional que ha sido parte integral del sistema migratorio estadounidense desde la adopción de la 14ª Enmienda.
Esta medida podría afectar a los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, generando debates sobre su viabilidad legal y sus implicaciones para las futuras generaciones de ciudadanos.
Los programas de protección como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) podrían enfrentar graves riesgos en el segundo mandato de Trump.
Durante su primer mandato, el entonces presidente intentó desmantelar DACA, pero un fallo de la Corte Suprema lo impidió. Sin embargo, con un regreso al poder, se prevé que se intensifiquen los esfuerzos por eliminar estas protecciones, que afectan a cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños y a quienes viven bajo protección debido a crisis humanitarias en sus países de origen.
Además, se espera que las reformas en las políticas de visas de trabajo y los procesos de residencia permanente se endurezcan. Trump ha manifestado su intención de implementar medidas de seguridad más rigurosas y de introducir criterios más estrictos para la obtención de beneficios migratorios, lo que podría dificultar aún más el acceso a estas oportunidades.
Las comunidades inmigrantes, que en muchos casos han vivido en Estados Unidos durante décadas, temen que su futuro esté en peligro. En estados como California, donde la población inmigrante es significativa, se han organizado numerosas manifestaciones y protestas en defensa de los derechos de los inmigrantes.
Los defensores de los derechos humanos y las organizaciones pro-migrantes advierten que la deportación masiva podría tener consecuencias devastadoras no solo para las familias, sino también para las economías locales que dependen del trabajo inmigrante.
Uno de los puntos más críticos es el impacto económico que podría tener la expulsión de millones de trabajadores en sectores clave, como la agricultura, la construcción y los servicios. Según informes, la mano de obra inmigrante es esencial para muchas industrias, y su desaparición provocaría un vacío laboral que afectaría tanto a los empleadores como a la economía en general.
En Washington, se ha formado un frente común con grupos de inmigrantes que luchan por el TPS, buscando que el presidente saliente Joe Biden amplíe el programa antes de que Trump asuma el cargo.
La presión de estos movimientos es clara: la protección de los inmigrantes y la permanencia de los programas que garantizan sus derechos son fundamentales para garantizar su estabilidad en el país.
Trump no solo ha propuesto un aumento en las deportaciones masivas, sino que también ha planteado el uso de la Guardia Nacional e incluso del ejército para garantizar el cumplimiento de sus políticas migratorias. Estas medidas han causado controversia, dado el carácter militar que asumiría la frontera sur de Estados Unidos, una zona históricamente vigilada por la policía fronteriza y no por fuerzas armadas.
El nombramiento de Tom Homan como “zar de la frontera” ha generado aún más inquietud. Homan, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha declarado que los inmigrantes indocumentados que representen una amenaza para la seguridad nacional o pública serán una prioridad para la deportación. Sin embargo, no se han ofrecido detalles sobre qué criterios se usarán para determinar esa “amenaza”, lo que mantiene en vilo a millones de personas.
Desafíos legales y protecciones para los inmigrantes no deportables
A pesar de las políticas agresivas anunciadas, no todos los inmigrantes en situación irregular son deportables. De acuerdo con el Pew Research Center, alrededor de 3 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos actualmente tienen un estatus legal que los protege de la deportación, como aquellos que tienen permisos de trabajo o han solicitado asilo.
El panorama para estos grupos podría cambiar bajo la administración de Trump. La retórica de su campaña sugiere que aquellos que se encuentren en el país bajo programas como DACA o TPS podrían perder sus protecciones y enfrentar la deportación. Estos cambios serían particularmente perjudiciales para las familias que han vivido durante años en Estados Unidos, y cuyas vidas están profundamente arraigadas en el país.
Con el segundo mandato de Donald Trump a la vista, las políticas migratorias de Estados Unidos están por sufrir transformaciones radicales. Las deportaciones masivas, la amenaza de eliminar la ciudadanía por nacimiento y la reestructuración de programas de protección están generando un ambiente de temor e incertidumbre en las comunidades inmigrantes. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y pro-migrantes se preparan para enfrentar los desafíos que se avecinan, luchando por la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes y por un futuro más justo para aquellos que han hecho de Estados Unidos su hogar.
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