Pablo Ulloa sugiere medidas para reducir la población preventiva y mejorar el sistema penitenciario.
Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, instó este domingo a un diálogo nacional que involucre a actores clave del Estado para abordar la crisis del hacinamiento en las cárceles dominicanas. Con más de 16,000 reclusos preventivos, la situación ha alcanzado niveles insostenibles, lo que obliga a una acción conjunta entre instituciones del sistema judicial y de seguridad. La propuesta, que Ulloa sugiere que comience en 2025, busca una solución integral al drama carcelario.
En entrevista con el periodista Nelson Encarnación en el programa GEOPOLÍTICA de Teleimpacto, Ulloa expuso que el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y el mismo Defensor del Pueblo deberían formar parte de una mesa de diálogo, con el objetivo de coordinar esfuerzos que contribuyan a reducir el número de detenidos en prisión preventiva, así como mejorar las condiciones de los centros de reclusión.
El defensor subrayó la importancia de que el Ministerio Público juegue un papel fundamental en este proceso. En su opinión, uno de los principales problemas es el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los fiscales.
“Los fiscales se quejan de que no hay garantías de que los imputados se presenten a las audiencias, lo que los lleva a recurrir a la reclusión preventiva”, explicó Ulloa, quien sugirió que el uso de grilletes electrónicos podría ser una alternativa más eficaz y económica. Propuso que el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) podría producir estos dispositivos a un costo significativamente menor que el del mercado.
Además, Ulloa apuntó a los jueces de Ejecución de la Pena, quienes también deberían revisar los casos de los reclusos preventivos. “En muchas ocasiones, los privados de libertad ya han sobrepasado el tiempo que correspondería a una condena, o incluso están sufriendo de graves problemas de salud”, aseguró.
En sus visitas a las cárceles del país, el Defensor del Pueblo ha sido testigo de violaciones constantes a los derechos humanos, una situación que lo ha impulsado a proponer medidas urgentes para mejorar las condiciones. “La seguridad ciudadana no será efectiva mientras las cárceles sigan siendo centros de operaciones de los delincuentes”, indicó.
El defensor también recalcó que las cárceles dominicanas albergan estructuras delictivas que no solo controlan esos recintos, sino que también tienen influencia sobre la sociedad exterior.
“Los criminales organizan actividades delictivas desde dentro de las prisiones, lo que constituye un grave desafío para la seguridad nacional”, afirmó Ulloa.
Con su propuesta, Ulloa advirtió que, de no tomarse medidas efectivas, el sistema carcelario de la República Dominicana podría seguir el mismo camino de países como Ecuador, Perú y Guatemala, donde los reclusos han llegado a tener el control absoluto de las prisiones.
En la misma entrevista, Ulloa abordó otros temas de interés público, como el aumento de embarazadas haitianas que abarrotan los hospitales dominicanos. Si bien reconoció la necesidad de que estas mujeres sean atendidas, destacó que el problema radica en los mecanismos de corrupción que permiten su ingreso al país,
“Estas mujeres son traídas por medio de sobornos en puntos de control fronterizo, lo que agrava la situación en los hospitales”, explicó.
El defensor también celebró el creciente conocimiento de la ciudadanía sobre los derechos que defiende su oficina, señalando que, mientras menos del 40% de la población conocía sus derechos cuando asumió el cargo, hoy más del 70% tiene conciencia de sus funciones. Para continuar con este trabajo, Ulloa anunció que en 2025 llevará “La Ruta del Defensor” a todos los municipios del país, ampliando su alcance y consolidando la misión de defensa de los derechos humanos.
El llamado a un diálogo nacional para resolver la crisis del sistema penitenciario es solo una de las medidas propuestas por el Defensor del Pueblo, que busca mitigar los efectos del hacinamiento en las cárceles dominicanas y garantizar una mejora sustancial en la administración de justicia y la protección de los derechos humanos.
