Consideran que la medida destruye acuerdos arduamente alcanzados por expertos
Santo Domingo.-La fusión del Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) ha generado una tormenta de críticas por presuntamente violar acuerdos fundamentales de la Ley General de Educación, 66-97, alcanzados tras un año y medio de trabajo por una comisión especializada.
Así lo denunció Enrique de León, representante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) quien dijo que uno de los puntos más graves señalados por De León es la omisión del aumento progresivo del financiamiento educativo.
Dijo que el artículo 60 del nuevo proyecto ignora el consenso que garantizaba un presupuesto del 6% del PIB para educación preuniversitaria antes de 2030, violando no solo el acuerdo, sino también la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
Inclusión de actores externos desestabiliza organismos clave
El proyecto introduce cambios estructurales al Consejo Nacional de Educación (CNE) y a las juntas regionales y distritales, agregando representantes de ONG e iglesias.
Explica que estas modificaciones contradicen el texto consensuado, lo que amenaza con diluir el enfoque educativo profesional que estas instancias deben preservar.
Centralización de entidades educativas: un retroceso histórico
Sostiene que instituciones clave como el INAFOCAM, el INABIE y el INEFI perderían su carácter descentralizado bajo la nueva propuesta. De León calificó esto como un ataque directo a la eficiencia administrativa, resultado de meses de trabajo técnico y consultas con expertos.
Otro golpe significativo es la alteración de los derechos de jubilación docente. La nueva normativa elevaría los años de servicio necesarios para el retiro pleno, despojando a los maestros de derechos adquiridos que habían sido blindados en el consenso previo.
Un llamado urgente a respetar el consenso educativo
El profesor de León urgió al respeto del trabajo realizado por la comisión, que elaboró el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) con criterios técnicos y democráticos. "Este consenso no puede ser ignorado ni modificado arbitrariamente", subrayó.
Para el expresidente de la ADP, primer maestro que ocupó la posición del gremio, la comunidad educativa debe exigir la retirada de este proyecto de fusión que amenaza décadas de avances y acuerdos fundamentales en el sistema educativo dominicano.
