Daniel Ortega y Murillo Lopez
Buenos Aires.- La Justicia de Argentina ha emitido una orden de detención internacional contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusándolos de crímenes de lesa humanidad en el marco de una investigación basada en el principio de jurisdicción universal.
Un caso bajo jurisdicción universal
El juez federal Ariel Lijo ha solicitado a Interpol la emisión de alertas rojas para capturar a Ortega y Murillo. Ambos líderes, junto con otros altos funcionarios de su gobierno, han sido citados a declarar por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La investigación, encabezada por el fiscal Eduardo Taiano, se centra en crímenes como detenciones ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, presuntamente cometidos desde las protestas antigubernamentales que estallaron en Nicaragua en 2018.
El abogado Dario Richarte, quien lidera el caso desde 2022, expresó su satisfacción en la red social X: “Un poco de luz entre tanta oscuridad. Un poco de justicia para tantas víctimas”.
Antecedentes de la denuncia
La denuncia se fundamenta en el artículo 118 de la Constitución argentina, que permite juzgar crímenes de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal. Este principio otorga jurisdicción a tribunales nacionales para investigar y procesar a individuos responsables de delitos graves, independientemente de dónde se hayan cometido.
El caso fue presentado por Richarte junto con un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en respuesta al clima de represión que prevalece en Nicaragua desde 2018.
Desde entonces, el gobierno de Ortega ha sido acusado de perseguir a opositores políticos, medios independientes y organizaciones civiles. La represión ha llevado al exilio a cientos de nicaragüenses y al encarcelamiento de numerosos líderes opositores bajo cargos ampliamente criticados como arbitrarios.
Reacciones y antecedentes internacionales
El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) celebró la decisión judicial. “Desde cada espacio posible sigamos actuando con firmeza para poner fin a la impunidad”, señaló la organización en sus redes sociales.
No es la primera vez que Argentina aplica el principio de jurisdicción universal. En 2010, la Justicia argentina abrió una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen franquista en España. En 2021, admitió una denuncia para juzgar crímenes contra la minoría rohingya en Myanmar.
¿Qué sigue para Ortega y Murillo?
La orden de detención internacional supone un desafío diplomático y jurídico para el régimen nicaragüense. Aunque Ortega cuenta con aliados en la región, la presión internacional podría intensificarse si Interpol emite las alertas rojas.
De concretarse la detención, Ortega y Murillo enfrentarían un proceso judicial que podría marcar un precedente en la lucha contra la impunidad de líderes acusados de violaciones graves a los derechos humanos.
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