Se negó a entregar información clave sobre sus activos financieros en un caso de difamación
Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y exabogado de Donald Trump, ha sido declarado en desacato civil por un juez federal en Manhattan. La razón: su negativa a entregar información clave sobre sus activos financieros en un caso de difamación.
Este proceso fue iniciado por Ruby Freeman y Wandrea "Shaye" Moss, dos trabajadoras electorales de Georgia que fueron falsamente acusadas por Giuliani de manipular votos en las elecciones presidenciales de 2020.
El juez Lewis Liman determinó que Giuliani actuó de forma intencional al no cumplir con las órdenes judiciales que le exigían detalles específicos de sus bienes y comunicaciones profesionales.
Aunque Giuliani alegó dificultades debido a sus múltiples casos legales, el tribunal desestimó estas excusas como intentos de dilación.
Fallo histórico por $148 millones contra Giuliani en washington
Este desacato judicial ocurre tras un fallo en Washington, D.C., que condenó a Giuliani a pagar $148 millones en daños a Freeman y Moss.
Las acusaciones infundadas del exalcalde desataron una ola de amenazas y acoso contra las trabajadoras, afectando gravemente su seguridad y reputación.
Freeman y Moss representan un ejemplo de lucha frente a la desinformación y el abuso de poder.
Su caso no solo expone la irresponsabilidad de Giuliani, sino que también refleja el impacto devastador de las teorías de conspiración promovidas por figuras públicas.
El futuro de Giuliani: sanciones, inhabilitación y más demandas judiciales
El juez Liman advirtió que las sanciones por el desacato podrían incluir la entrega de propiedades de Giuliani, como su lujoso condominio en Palm Beach, Florida. La audiencia para determinar estas medidas está programada para el 16 de enero.
Además, Giuliani enfrenta una larga lista de desafíos legales: fue inhabilitado para ejercer la abogacía por difundir información falsa sobre las elecciones de 2020 y enfrenta cargos penales en Georgia y Arizona por intentar anular los resultados electorales.
Este caso marca un giro decisivo en la batalla contra la difamación y el abuso de poder, poniendo en jaque a una de las figuras más polémicas de la política estadounidense.