La Comisión denuncia violaciones de derechos humanos y represión electoral en Venezuela
WASHINGTON – La reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, anunciada el 28 de julio de 2024, es ilegítima, según un informe emitido este martes 7 de enero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional sostiene que el proceso electoral estuvo marcado por graves violaciones del orden constitucional, que han llevado a la instauración de un régimen de facto.
El informe de la CIDH subraya que la crisis política y de derechos humanos en Venezuela es producto de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un gobierno que, según el documento, busca mantenerse en el poder de manera ilegítima. “Las circunstancias que rodearon las elecciones implican una alteración grave del orden constitucional”, afirma el reporte de 87 páginas.
El informe también hace un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante frente a nuevas escaladas represivas y para que utilice todos los canales diplomáticos e institucionales disponibles con el fin de promover el regreso a la democracia en Venezuela.
- Según los resultados proclamados por el poder electoral venezolano, Maduro obtuvo un 53% de los votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio, frente al 43% de su principal contendiente, el opositor Edmundo González. Sin embargo, la oposición y diversas entidades internacionales han cuestionado los resultados, señalando que las actas de las mesas de votación, que fueron filtradas, reflejan una victoria de González con un 67% de los votos, frente al 30% de Maduro.
El reconocimiento de la victoria de González por parte de Estados Unidos, Canadá, varios países de América Latina y la mayoría de Europa contrasta con la postura de países como Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Honduras y México, que sí asistirán a la investidura de Maduro, prevista para el 10 de enero, cuando Maduro comenzará su tercer mandato consecutivo.
En paralelo, González, quien se encuentra exiliado en España desde septiembre, está de gira por varias capitales de América y ha anunciado su intención de regresar a Venezuela para asumir la presidencia. Varios expresidentes de la región han ofrecido acompañarlo en su viaje, aunque las autoridades venezolanas han advertido que será detenido inmediatamente al pisar suelo venezolano, enfrentándose a cargos de traición a la patria.
La oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado, ha convocado manifestaciones en las calles a partir del 9 de enero, lo que coincide con las marchas impulsadas por el oficialismo. Las protestas previas a la proclamación de Maduro fueron duramente reprimidas, lo que resultó en al menos 25 muertes, decenas de heridos y más de 2,000 detenciones, incluidas alrededor de 150 de menores de edad.
La CIDH denuncia la utilización de prácticas de terrorismo de Estado por parte del régimen, específicamente dirigidas a infundir terror en la población y silenciar las voces disidentes. El informe resalta violaciones graves de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias.
El Estado venezolano, según la CIDH, implementó una estrategia planificada para bloquear la participación política de la oposición y obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre y justa. Tras las elecciones, alrededor de 300 protestas espontáneas fueron reprimidas, y grupos de choque respaldados por el régimen tomaron parte activa en estas represiones.
En sus recomendaciones, la CIDH insta a las autoridades venezolanas a cesar inmediatamente la persecución política y la represión, a liberar a todos los detenidos arbitrariamente y a restablecer el orden constitucional. También pide la publicación de todas las actas de votación y una auditoría electoral independiente con la participación de observadores internacionales.
La situación en Venezuela sigue siendo un tema candente de debate y preocupación para la comunidad internacional, con llamados constantes a garantizar el respeto a los derechos humanos y la restauración de un sistema democrático genuino.
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