Washington ofrece 25 millones de dólares por información sobre el presidente de Venezuela
Mientras Nicolás Maduro pronunciaba su discurso de juramentación en Caracas como presidente de Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos anunciaba una medida que refuerza su postura de rechazo al régimen chavista. Washington ha elevado a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura o condena de Maduro, quien en su opinión, ha asumido una investidura "ilegítima".
El anuncio se produce en el marco de un nuevo paquete de sanciones y medidas punitivas que buscan intensificar la presión sobre el régimen de Maduro. Según fuentes oficiales de la Administración de Joe Biden, existe una "prueba irrefutable" de que Edmundo González, opositor venezolano, fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. A juicio de Estados Unidos, González es el "presidente electo", y no Maduro, a quien acusan de subvertir el proceso democrático y de desestabilizar la nación.
A través de este incremento en la recompensa, que pasa de 15 a 25 millones de dólares, Estados Unidos reitera su intención de desmantelar la estructura del chavismo, brindando esta suma por información que facilite la detención de Nicolás Maduro, en un esfuerzo por combatir el narcotráfico y la corrupción asociada al Gobierno venezolano.
Además de Maduro, Washington ha incluido a otros actores clave del régimen en su lista de recompensas. La misma cifra de 25 millones de dólares está destinada a obtener información sobre Diosdado Cabello, el influyente ministro del Interior de Venezuela, quien sigue siendo una figura central del chavismo. Cabello, como Maduro, ha sido señalado por su vinculación con diversas actividades ilícitas y con la consolidación del poder del régimen.
El gobierno estadounidense también ha incorporado al general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, en su paquete de recompensas. A él se le ofrece hasta 15 millones de dólares a cambio de información que ayude en su captura, mientras que se intensifican las restricciones contra funcionarios vinculados a actos represivos y al proceso electoral de 2024.
En el plano económico, el Departamento del Tesoro ha dado otro paso con la implementación de sanciones que afectan a varios altos funcionarios y a empresas estratégicas del Estado venezolano, tales como la petrolera PDVSA y la aerolínea estatal Conviasa. Esta medida busca frenar el flujo de recursos que podría estar alimentando el aparato militar y represivo del chavismo, limitando las capacidades del Gobierno para continuar con sus políticas.
Para Washington, estas medidas son una respuesta directa a lo que consideran una flagrante violación de los principios democráticos, y una reafirmación del apoyo a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. "El futuro de Venezuela no se define en Caracas, sino en las decisiones que tomemos desde la comunidad internacional para restaurar la democracia y la justicia", señalan fuentes cercanas a la Casa Blanca.
