Funcionarios anunciaron que el programa saldará una deuda social de más de cinco décadas
El gobierno, como parte del programa de titulación de terrenos, entregará títulos a más de ocho mil familias en barrios populares del Distrito Nacional. Durante un encuentro en el sector Capotillo, funcionarios anunciaron que el programa saldará una deuda social de más de cinco décadas, garantizando seguridad jurídica y desarrollo a comunidades históricamente marginadas.
El acto oficial se realizará el domingo 12 de este mes a las 10:00 a. m., en la explanada de la iglesia Santo Cura de Ars, en la intersección de las avenidas Duarte y Nicolás de Ovando. Este evento, presidido por el mandatario, busca detallar los beneficios y el impacto transformador de esta iniciativa.
Sectores vulnerables con seguridad jurídica en sus viviendas
Las familias beneficiadas pertenecen a sectores como Capotillo, 24 de Abril, Simón Bolívar, Gualey, Las Cañitas y Ensanche Luperón, ubicados en la parcela 206-A-5-B DC 05, zona norte del Distrito Nacional.
Isidro Torres, director de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), subrayó que esta iniciativa garantiza el acceso a una vivienda digna y promueve el desarrollo familiar.
“El compromiso de Luis Abinader con los más vulnerables es evidente, al adquirir los terrenos y convertir en realidad un anhelo postergado por más de 50 años”, destacó Torres.
Asimismo, Rolfis Rojas, presidente de la Comisión de Desarrollo Barrial, instó a las familias beneficiadas a trabajar en la construcción de comunidades armoniosas.
Cincuenta años de espera llegan a su fin con esta titulación
Según los funcionarios, las titulaciones responden al reclamo de generaciones que, desde la caída de la dictadura de Trujillo, han buscado la certeza de que las tierras donde levantaron sus hogares les pertenecen legalmente.
“Queremos que cada familia se sienta segura y con un futuro prometedor, en un país donde todos podamos vivir en armonía”, expresó Rojas.
Este avance, que ya se implementó en sectores como Ciénaga y Los Guandules, refuerza la apuesta del gobierno por reducir las desigualdades y fomentar un desarrollo inclusivo.
Se espera que el impacto de esta medida sea significativo, no solo en términos legales, sino también sociales y económicos, abriendo puertas a nuevas oportunidades y fortaleciendo el tejido comunitario.
