Denuncian falta de consulta comunitaria y daños socioambientales por proyecto minero.
Santo Domingo. – Organizaciones ambientales y sociales, entre ellas el colectivo de Justicia Climática y la Red Dominicana de Estudio y Empoderamiento Afrodescendiente (RedAfros), solicitaron al presidente Luis Abinader la derogación del decreto presidencial 270-22, el cual otorga más de 31 millones de metros cuadrados a la empresa Barrick Gold sin la debida consulta con las comunidades afectadas.
Según los colectivos, la ausencia de este consentimiento viola normativas ambientales nacionales y contradice el Acuerdo de Escazú, que promueve la protección de los defensores ambientales en América Latina.
Denuncias de abusos y amenazas territoriales
En un comunicado, las organizaciones señalaron que el proyecto de la Barrick Gold para instalar una presa de cola en Zambrana, Cotuí, constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana y territorial. Además, denunciaron agresiones físicas y morales contra los defensores ambientales de la zona, quienes se oponen a lo que califican como un despojo de tierras y violaciones a los derechos humanos.
Darío Solano, representante del colectivo ambientalista, expresó:
“Esta obra obliga a la expulsión de centenares de personas de sus viviendas y terrenos agrícolas, lo que tendría impactos devastadores en comunidades como El Naranjo, Tres Bocas, Las Lajas, El Higo y Arroyo Vuelta”.
Las organizaciones instaron al gobierno a resarcir a las comunidades por los abusos sufridos y a someter a la justicia a los responsables de los actos vandálicos perpetrados bajo supuesto respaldo oficial.
Rechazo al modelo minero como estrategia de desarrollo
El colectivo de Justicia Climática reiteró su llamado al gobierno dominicano para abandonar la minería como modelo de desarrollo, advirtiendo sobre sus consecuencias negativas en un país con alta vulnerabilidad ambiental y climática. Según la organización, la megaminería, desde la época colonial, ha generado daños irreparables en los ecosistemas y en la vida de las comunidades rurales.
La coordinadora de Justicia Climática denunció que la expansión minera sobre fuentes hídricas críticas representa un peligro para la biodiversidad, la agricultura y el desarrollo social. Las normativas ambientales nacionales y el artículo 64 de la Constitución respaldan el derecho ciudadano a proteger el medio ambiente, enfatizaron.
Finalmente, los grupos hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional para apoyar a los defensores ambientales de Cotuí, quienes enfrentan una brutal represión policial y militar. Señalaron que esta lucha trasciende fronteras, siendo un ejemplo de la resistencia de los pueblos en defensa de sus territorios, la biodiversidad y la madre naturaleza.
