Se establece una comisión mediadora para buscar soluciones en Cotuí
SANTO DOMINGO. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, lideró este lunes una reunión clave para iniciar un proceso de diálogo sobre el reasentamiento de las comunidades afectadas por los trabajos mineros en la zona de Cotuí, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez. El encuentro, que se llevó a cabo en el Arzobispado de La Vega, reunió a diversos actores clave, incluidos el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, el obispo de La Vega, Carlos Morel Diplán, así como representantes de la empresa Barrick Pueblo Viejo, liderada por su presidenta, Juana Barceló, y representantes de las comunidades impactadas.
El encuentro resultó en la creación de una comisión mediadora integrada por miembros del Gobierno, de las comunidades y de la empresa minera. Esta comisión también contará con la presencia de la Iglesia y el Defensor del Pueblo como garantes éticos y constitucionales, asegurando que el proceso se lleve a cabo bajo principios de justicia y transparencia.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien asumirá la vocería oficial de las negociaciones, destacó la relevancia de la participación de todos los actores involucrados para alcanzar una solución justa y equitativa para las comunidades afectadas.
Avances y próximos pasos en el proceso de negociación
Uno de los acuerdos más relevantes del encuentro fue el compromiso de retomar las conversaciones el próximo miércoles 15 de enero, en el mismo escenario de La Vega, con el objetivo de alcanzar una solución integral dentro de un plazo de dos semanas. La propuesta incluye no solo el reasentamiento de las comunidades, sino también la creación de un plan que garantice su bienestar a largo plazo, además de la continuidad de las operaciones mineras en la región, fundamentales para la economía del país.
El ministro Joel Santos subrayó la disposición del Gobierno para colaborar en la búsqueda de soluciones que beneficien tanto a las familias afectadas como al desarrollo económico del país. “Sabemos que este tema tiene muchas aristas, pero debemos escoger los escenarios adecuados para abordarlas. Nuestro enfoque es buscar soluciones justas para las comunidades, al tiempo que garantizamos que el país siga adelante con sus proyectos estratégicos”, indicó Santos.
El papel de la Iglesia y el compromiso comunitario
El obispo de La Vega, Carlos Morel Diplán, también expresó su apoyo al proceso de diálogo, destacando su importancia como símbolo de esperanza para la región. “Este es un momento crucial. Muchas personas esperan que este proceso de diálogo traiga soluciones reales. La familia lo necesita, la patria lo exige, y el diálogo requiere esfuerzo y compromiso”, afirmó el obispo.
Por su parte, los representantes de las comunidades afectadas manifestaron su disposición a continuar el proceso de diálogo. Aseguraron que es esencial mantener abiertas las vías de comunicación y crear un ambiente de entendimiento mutuo, en busca de soluciones que promuevan el desarrollo sostenible de la región y el bienestar de las familias impactadas por la minería.
Próximos desafíos y expectativas
El proceso de diálogo es solo el primer paso hacia la resolución de un problema que ha afectado a varias comunidades en la zona de Cotuí, donde la minería ha tenido un impacto significativo en el entorno y en las condiciones de vida de los residentes. Las expectativas están puestas en que las negociaciones avancen de manera constructiva, con el objetivo de lograr un acuerdo que sea aceptable para todas las partes involucradas y que sirva como modelo para futuros procesos de resolución de conflictos relacionados con la actividad minera en el país.
El compromiso de las autoridades, la empresa Barrick Pueblo Viejo y las comunidades afectadas se mantiene firme, y se espera que este diálogo conduzca a una solución integral que permita mejorar la calidad de vida de las personas involucradas, al tiempo que favorezca el desarrollo económico sostenible de la región.
Este primer encuentro ha marcado el inicio de un proceso que podría tener un impacto significativo en la región de Cotuí, estableciendo un precedente para futuras negociaciones relacionadas con la minería y el bienestar de las comunidades afectadas.