“Difama, difama, que algo queda”, parece ser la consigna.
En una reunión de amigos uno de ellos dijo: “Uno de estos días un dirigente político, un funcionarios público, un empresario, un artista o un ciudadano común se tomará la justicia en sus manos al sentirse difamado o injuriado por un extorsionador, chantajista y difamador, impotente ante la falta de protección del Estado, garante de la privacidad y el buen nombre de todos los ciudadanos, incluyendo el presidente de la República que constantemente es vilipendiado y acusado de crímenes y delitos sin aportar ningún elemento probatorio”.
Tenía razón ese amigo. Efectivamente, uno de estos días, un político, funcionario, empresario, militar, artista o ciudadano común, al sentirse difamado o injuriado, tomará la justicia en sus manos y cometerá un homicidio. ¡Sí, matará a sangre fría, a un sicario de los que abundan hoy en los medios de comunicación!
“Difama, difama, que algo queda”, parece ser la consigna.
Le preguntaba yo a una funcionaria gubernamental, ¿qué se puede hacer para evitar la prostitución, la vulgaridad, la obscenidad, las “malas palabras”, la difamación y la injuria que escuchamos y vemos todos los días en las redes sociales y en las plataformas digitales? “Es poco lo que se puede hacer. No hacerle caso, no prestarle atención y continuar trabajando con transparencia y honestidad”, fue su respuesta.
En pocas palabras: todos los ciudadanos estamos indefensos, expuestos a la difamación y la injuria, porque la justicia no actúa. “someter a la justicia a esos extorsionadores profesionales no tiene mucho caso; es perder dinero en abogados y tiempo en los tribunales”.
Es por eso qué, un día no muy lejano, ante la rabia y la impotencia, alguien, muy molesto, rabioso, se presentará a una emisora de radio, un canal de televisión, una plataforma digital y comenzará a disparar como un loco, matando a todo el que esté cerca.
La Constitución y las leyes protegen, por ejemplo, la figura del presidente de la República. Sin embargo, nadie es más vilipendiado, insultado, difamado, injuriado y ofendido en el plano político, personal y hasta familiar, que el presidente Luís Abinader. Lo mismo ocurría con otros exmandatarios. En ningún caso se presentan pruebas documentales.
No olvido cuando el sinvergüenza difamador de la provincia Peravia, Wilton Guerrero dijo en medio de una campaña electoral presidencial que Hipólito Mejía había viajado en un avión de un famoso narcotraficante. Se trataba de una vulgar difamación. La justicia tardó siete largos años, a instancia del propio exmandatario, para emitir una sentencia. (Justicia tardía, justicia negada)
No existe un solo organismo del Estado que evite la vulgaridad, el mal gusto, las ofensas y la degradación de los medios de comunicación. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, como he dicho otras veces, desapareció, por lo menos en los hechos. El Ministerio de Cultura, de Educación, de Interior y Policía, etc., no tiene autoridad, ni voluntad para enfrentar este fenómeno.
La democracia, de la que tanto hablamos no puede ser una letrina, donde los ignorantes de las redes sociales, convertidos en sicarios, chantajistas y extorsionadores, evacuen impunemente contra los demás ciudadanos. Debe haber una manera de detenerlos. En otros países se han tomado medidas drásticas contra quienes usan los medios de comunicación inadecuadamente.
Evitemos una tragedia mayor; procuremos que uno de estos días, alguien enloquezca de mala manera y se tome la justicia en sus manos y mate, sin importarle las consecuencias, a un difamador, extorsionador y chantajista, para defender su honor y el de su familia. Evitemos que la sangre llegue al río uno de estos días. (La advertencia es más que valida)
