Enfrentamientos entre ELN y FARC dejan 80 muertos y miles de desplazados en la región del Catatumbo.
Bogotá, Colombia. – La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes. En tan solo cinco días, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las FARC han forzado el desplazamiento de más de 20.000 personas. Las víctimas, en su mayoría de los municipios de Tibú, El Tarra y Teorama, se han dirigido hacia las principales ciudades de Norte de Santander, como Cúcuta y Ocaña, buscando refugio en medio de una violencia que ha cobrado al menos 80 vidas.
El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, hizo un llamado urgente a la atención humanitaria. “Ya superamos los 20.000 desplazados. Esto es una tragedia humanitaria que requiere atención inmediata”, declaró en una entrevista con Blu Radio, describiendo las condiciones extremas en las que llegan estas personas: “Con miedo, hambre y muchas necesidades”. Las autoridades locales luchan por hacer frente a la emergencia, ya que las instalaciones y recursos están completamente desbordados.
El conflicto armado y el control territorial
El conflicto en Catatumbo no es nuevo, pero la escalada de violencia en los últimos días ha tomado proporciones alarmantes. Esta región, que comprende una quincena de municipios y tiene una extensa frontera con Venezuela, es estratégicamente importante debido a su riqueza mineral y a sus condiciones ideales para el cultivo de coca, lo que la convierte en un terreno de disputa constante entre los grupos armados ilegales.
El ELN, que históricamente ha tenido presencia en la zona, se ha visto desafiado por el Frente 33 de las FARC, cuyo crecimiento ha intensificado los enfrentamientos. La confrontación entre ambos grupos por el control del territorio ha dejado una estela de muerte y desplazamiento forzado. La tensión alcanzó un punto crítico cuando, en medio de estos enfrentamientos, se produjo la masacre de la familia López, que podría haber sido el detonante de los combates más recientes.
Según informes de inteligencia de la prensa colombiana, Miguel Ángel López, quien trabajaba en una funeraria en Tibú, había recibido amenazas de los grupos armados por su trabajo de recoger y preparar los cadáveres de las víctimas de ambos bandos. Su muerte, junto con la de su familia, exacerbó las tensiones en la región, provocando una ola de violencia que aún no muestra signos de amainar.
Respuesta del gobierno y medidas urgentes
Ante la gravedad de la situación, el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior, una medida que otorga poderes especiales al gobierno para enfrentar la crisis. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, y la población desplazada se encuentra en condiciones precarias, sin acceso adecuado a servicios básicos.
La Fiscalía General de la Nación ha abierto varias investigaciones sobre los desplazamientos forzados, las desapariciones y los asesinatos, mientras que el gobierno se enfrenta al reto de restaurar la paz en una región marcada por la violencia desde hace décadas.
En cuanto a las negociaciones de paz con el ELN, el presidente Petro anunció la suspensión de los diálogos el pasado viernes. “El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Las armas de la nación están con el pueblo”, afirmó Petro, quien también destacó la necesidad de recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de la población civil.
Mientras tanto, los miles de desplazados en Cúcuta y otras ciudades esperan respuestas inmediatas. La crisis humanitaria en Catatumbo no solo pone en evidencia la violencia en Colombia, sino también la vulnerabilidad de miles de familias que, en su búsqueda de paz, se han convertido en víctimas de la guerra. La situación sigue evolucionando, y la comunidad internacional observa atentamente el desenlace de una tragedia que no muestra signos de cesar.
