Alegan que el decreto violenta la constitución y derechos de ciudadanía
Un grupo de al menos 12 fiscales estatales demócratas presentó una demanda este martes contra el decreto firmado por el presidente Donald Trump, que busca eliminar la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento.
Según los demandantes, esta medida es una flagrante violación de la Constitución de los Estados Unidos y un abuso de autoridad presidencial.
La 14ª enmienda en el centro del debate constitucional
La demanda, presentada ante un tribunal federal en Massachusetts, argumenta que el decreto contradice la 14ª Enmienda, la cual establece que "toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos (…) es ciudadana de Estados Unidos".
Los fiscales sostienen que Trump se excede en sus funciones al intentar modificar un derecho constitucional sin la intervención del Congreso.
Según el documento legal, "la orden de Privación de la Ciudadanía queda muy fuera de los límites legales de la autoridad del presidente", en palabras de los demandantes, quienes enfatizan que el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido respaldado tanto por la Corte Suprema como por leyes federales desde antes de 1868.
Posible recorrido judicial y las apuestas en tribunales
En caso de un fallo adverso, cualquier apelación sería revisada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, donde los jueces tienen una mayoría demócrata.
Si el caso escala, el asunto podría llegar al Tribunal Supremo, donde los republicanos cuentan con una mayoría conservadora.
Históricamente, la Corte Suprema ha reafirmado el derecho a la ciudadanía por nacimiento, lo que plantea un desafío jurídico significativo para la administración Trump. Además, el Congreso, incluso antes de la ratificación de la 14ª Enmienda, aprobó una ley que protege este derecho.
Críticas a la medida y sus implicaciones políticas
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, calificó la orden como un intento de "reescribir la Constitución" y subvertir el estado de derecho.
"El presidente puede proponer su agenda política, pero no puede anular derechos constitucionales con una simple firma", añadió Platkin.
Este decreto forma parte de una serie de órdenes ejecutivas firmadas por Trump durante su segundo mandato, las cuales incluyen la revocación de políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden, y medidas polémicas, como los indultos a personas vinculadas al asalto al Capitolio de enero de 2021.
Con esta nueva controversia, la administración Trump se enfrenta a un desafío legal y político que podría tener repercusiones de largo alcance en el panorama constitucional y social de los Estados Unidos.
