Los fiscales advierten que no permitirán el uso de recursos estatales para deportaciones.
Washington.- En una nueva manifestación de resistencia a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, los fiscales generales de once estados de Estados Unidos se han unido para enviar un mensaje claro a la Casa Blanca: no permitirán que el gobierno federal utilice recursos estatales en sus planes de deportación masiva. La advertencia llega en un momento de creciente tensión por las políticas migratorias que, según los fiscales, contravienen principios fundamentales del sistema federal estadounidense.
La carta, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, es un firme recordatorio de los límites constitucionales que separan los poderes federales y estatales. “Aunque el gobierno federal tiene la facultad de hacer cumplir las leyes migratorias, los tribunales ya dictaminaron en el caso Printz contra Estados Unidos que el Ejecutivo no puede forzar a los estados a incorporar agentes federales en su servicio sin costo alguno”, se lee en el texto, refiriéndose a un fallo histórico que limita la injerencia federal en las funciones locales. La declaración subraya que el presidente no puede modificar unilateralmente la Constitución, un principio esencial del sistema político de Estados Unidos.
Los fiscales que respaldan la declaración incluyen a representantes de California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, y por supuesto, Nueva York. En conjunto, estos estados representan una amplia porción de la población de EE. UU. y una fuerte oposición a las políticas de inmigración del gobierno de Trump.
Uno de los puntos más preocupantes de la declaración es la denuncia de las amenazas del presidente hacia los funcionarios locales que no sigan sus directrices federales. Los fiscales acusan al mandatario de utilizar la autoridad y los recursos del Departamento de Justicia como una herramienta para presionar y sancionar a aquellos que defienden las leyes estatales. Esta estrategia ha sido criticada por su posible impacto negativo sobre el sistema de justicia y la autonomía estatal, pilares fundamentales del equilibrio de poderes en el país.
En este clima de tensión, Tom Homan, quien recientemente fue nombrado responsable de la política migratoria bajo la administración Trump, ha intensificado el debate. Homan, conocido por su papel en la implementación de políticas de separación familiar durante el primer mandato de Trump, defendió la postura de la administración en una entrevista con Fox News. Según Homan, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya ha realizado cientos de arrestos, señalando que 308 migrantes fueron detenidos en un operativo reciente.
No obstante, a pesar de la retórica agresiva y la promesa de deportar a “millones” de migrantes, el presidente Trump enfrenta un desafío significativo: los recursos del ICE son limitados y cualquier intento de expansión requeriría la aprobación del Congreso para acceder a más fondos. Según reportó NBC News, este obstáculo podría retrasar o dificultar la implementación de las deportaciones masivas que Trump ha prometido.
La creciente confrontación entre los gobiernos estatales y la administración Trump resalta las tensiones en torno a la política migratoria del país. Mientras los fiscales de los estados defienden la autonomía y los derechos de sus ciudadanos, el presidente continúa con su insistencia en el uso de recursos federales para llevar a cabo una de sus promesas electorales más controversiales. Este enfrentamiento entre el gobierno federal y los estados podría tener implicaciones profundas no solo para la política migratoria, sino también para la estructura de poder en Estados Unidos.
A medida que el debate sobre la inmigración se intensifica, la pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde llegará la resistencia de los estados frente a las políticas del presidente? Y, más importante aún, ¿cómo afectarán estos conflictos al futuro de la inmigración en el país?
