La medida es calificada de inconstitucional por violar la 14ª enmienda
El juez federal John Coughenour bloqueó de forma cautelar la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, la cual buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Esta medida ha sido catalogada como "descaradamente inconstitucional" por el juez, quien accedió a la solicitud de varios fiscales estatales demócratas para frenar la implementación de la orden.
Según la cadena CNN, el juez ha ordenado suspender la medida durante dos semanas, tiempo en el cual se realizarán nuevas reuniones y debates al respecto.
Durante la audiencia, Coughenour expresó su asombro ante la falta de justificación legal por parte del equipo de Trump. "¿Dónde estaban los abogados cuando se tomó esta decisión?", cuestionó el juez.
Antecedentes de la orden y su impacto político inmediato
La orden ejecutiva firmada por Trump formó parte de una serie de medidas adoptadas en los primeros días de su segundo mandato, que también incluyeron la revocación de políticas migratorias de Joe Biden y el indulto a varios implicados en el asalto al Capitolio de enero de 2021.
Sin embargo, la decisión de eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento generó una respuesta inmediata por parte de al menos doce fiscales estatales demócratas, quienes presentaron una demanda argumentando que esta medida viola la 14ª Enmienda de la Constitución. Esta enmienda garantiza la ciudadanía a "toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos".
Próximos pasos legales en un terreno judicial polarizado
Cualquier apelación relacionada con este caso deberá ser presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, donde todos los jueces fueron designados por demócratas.
En caso de que no se llegue a un acuerdo, Trump podría llevar el caso al Tribunal Supremo, donde los republicanos tienen mayoría.
No obstante, tanto el Congreso como el máximo tribunal de justicia han ratificado en múltiples ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Incluso antes de la ratificación de la 14ª Enmienda en 1868, ya existía una ley federal que garantizaba este derecho.
Esta decisión judicial podría marcar un precedente importante en el debate sobre la ciudadanía y los derechos constitucionales en Estados Unidos, además de ser un nuevo obstáculo en las políticas de inmigración impulsadas por Trump.
