La medida paraliza la congelación de fondos y marca otro revés para la administración Trump.
Santo Domingo.- En un nuevo golpe a la administración del presidente Donald Trump, un juez federal ha ordenado este martes bloquear la polémica medida que buscaba congelar subvenciones y préstamos federales. La decisión, emitida por la jueza Loren AliKhan del distrito de Columbia, llega tras una demanda presentada por la organización Democracy Forward, que argumenta que la orden viola la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
La medida, que había generado incertidumbre y preocupación en todo el país, fue calificada por Democracy Forward como un "intento cruel" de la administración Trump de interrumpir programas de asistencia vitales para millones de personas. "Este es un suspiro de alivio para quienes han estado en el limbo durante las últimas 24 horas", declaró la ONG en un comunicado.
- La congelación de fondos, que iba a entrar en vigor a las 17:00 horas (hora local), había desatado un intenso debate sobre qué gastos se verían afectados. Aunque la Casa Blanca aseguró que programas como la Seguridad Social y Medicare no serían impactados, la falta de claridad generó revuelo entre organizaciones y ciudadanos que dependen de estas ayudas.
La jueza AliKhan ha paralizado la medida al menos hasta el 3 de febrero, dando un respiro temporal a quienes temían perder acceso a recursos esenciales. Sin embargo, el conflicto está lejos de terminar. Más de una docena de fiscales generales demócratas han anunciado que emprenderán acciones legales contra la iniciativa, calificándola de inconstitucional.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, fue una de las voces más críticas. "Esta política no solo pone en riesgo a la gente, sino que es claramente inconstitucional. El presidente no puede decidir qué leyes aplicar y para quién", afirmó. James subrayó que, cuando el Congreso asigna fondos a un programa, el presidente no tiene la autoridad para retirarlos por capricho.
Este fallo judicial se suma a una serie de reveses legales para la administración Trump. La semana pasada, un tribunal paralizó su intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, una medida que también había generado controversia.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de estos programas persiste. Aunque la congelación ha sido bloqueada temporalmente, la batalla legal promete extenderse en los próximos días. Organizaciones civiles y líderes demócratas han reiterado su compromiso de defender los derechos de los ciudadanos y asegurar que los fondos federales continúen fluyendo hacia quienes más los necesitan.
En un clima político polarizado, esta decisión judicial no solo representa un triunfo para los opositores de Trump, sino también un recordatorio del papel crucial que juegan los tribunales en la protección de los derechos constitucionales. El desenlace de este enfrentamiento podría sentar un precedente importante para futuras políticas y decisiones presidenciales.