Ley 60-23 desvía fondos clave y agrava crisis de adicciones.
Santo Domingo, enero 2025 — Con una metáfora musical que retrata el estancamiento, Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, psicólogo y director ejecutivo de una organización especializada en adicciones, lanzó una crítica contundente: la estrategia nacional antidrogas de República Dominicana no solo fracasa, sino que “va en reversa”. En un análisis publicado este miércoles , el experto alerta sobre el impacto de la Ley 60-23, que desmantela financiamiento clave para programas sociales, profundizando la crisis de consumo y desigualdad.
Fondos Esfumados, Crisis Agudizada
La Ley 60-23, aprobada en 2023 para administrar bienes incautados en casos de narcotráfico, El psicólogo Juan Raddamés denuncia el abandono estatal a programas de prevención de drogas tras la Ley 60-23, que desfinancia organizaciones sociales. #DrogasRD (149 caracteres). Según De la Rosa, más de 6,000 bienes —desde vehículos hasta propiedades— ahora se transfieren al Ministerio de Hacienda, sin transparencia sobre su uso. “Ese 15% era un salvavidas para los más pobres. Hoy, el Estado los deja a la deriva”, afirma.
El psicólogo recuerda que esta medida sepulta décadas de lucha. Desde 1988, leyes como la 50-88 y la 155-17 prometieron apoyar programas preventivos, pero su aplicación fue “esporádica o nula”. “Siempre hubo excusas: que no había recursos, que los bienes estaban en litigio. La 60-23 fue el tiro de gracia”, sostiene.
Represión vs. Salud: Una Política Obsoleta
De la Rosa señala que, por 37 años, el país priorizó el enfoque punitivo sobre el sanitario. “Se invierte en armas y cárceles, no en educación o reinserción. La ‘mano dura’ solo existe para los pobres: las estadísticas ignoran el consumo en clases altas, que acceden a clínicas privadas”, explica. Mientras tanto, el tráfico crece y las adicciones se normalizan, incluso entre jóvenes.
El experto contrasta esta realidad con avances globales. “Países como Portugal o Uruguay despenalizaron el consumo y centraron sus políticas en salud pública. Aquí seguimos estigmatizando y negando derechos”, critica.
Un Llamado a Enderezar el Rumbo
Para De la Rosa, 2025 debe ser un punto de inflexión. “Necesitamos leyes que prioricen a las personas, no a las sustancias. Si seguimos así, la ‘guagua’ no solo retrocede: se estrella”, advierte. Su propuesta incluye:
- Reformar la Ley 60-23 para restablecer el 15% a programas sociales.
- Crear un sistema público de tratamiento basado en evidencia científica.
- Capacitar a funcionarios en enfoques de reducción de daños.
Mientras el gobierno defiende la ley como un “esfuerzo de transparencia”, organizaciones sociales exigen audiencias urgentes. “Sin fondos, nuestros centros cerrarán. ¿Qué pasará con quienes dependen de ellos?”, cuestiona Maribel López, coordinadora de un programa en Santiago.
¿Hacia Dónde Va la Guagua?
La advertencia de De la Rosa resuena en un contexto alarmante: según la ONU, RD es una ruta clave para el narcotráfico regional, y el consumo interno aumentó un 30% entre 2020 y 2024. Sin embargo, el presupuesto 2025 para prevención se redujo un 18%.
“El cambio es posible —insiste el psicólogo—. Basta voluntad política para escuchar a la ciencia, no al miedo”. Mientras, la “guagua” sigue en reversa, y miles esperan que alguien “tire la palanca”.
*Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo es psicólogo clínico y director ejecutivo de la Fundación Horizonte Libre, con 20 años de experiencia en políticas antidrogas.
