Organizaciones civiles exigen protección y rechazan políticas discriminatorias de Trump
Organizaciones de la sociedad civil en Puerto Rico han alzado su voz en contra de las políticas migratorias represivas impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump. Denuncian que las intervenciones y detenciones han excedido sus límites legales, afectando a personas sin antecedentes criminales e incluso a aquellas con estatus migratorio regular.
“Nadie debería vivir con el temor constante de ser detenido y deportado de manera sumaria, separado de sus seres queridos y su comunidad”, expresaron en un comunicado conjunto.
Advirtieron que el respaldo del gobierno puertorriqueño a estas prácticas vulnera derechos fundamentales y puede desembocar en la separación injusta de familias.
Criminalizar la migración aumenta la inseguridad y afecta la justicia
Las organizaciones rechazan la narrativa de que toda persona que ingresa sin documentación es un delincuente. Recuerdan que el debido proceso es un derecho universal, independientemente del estatus migratorio.
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Señalan que cuando la Policía estatal actúa en colaboración con las agencias de inmigración, se genera miedo en la población migrante, lo que disminuye las denuncias de delitos y aumenta la inseguridad.
Además, han denunciado casos en los que migrantes han sido reportados o procesados por las autoridades estatales, a pesar de su condición de víctimas o testigos de delitos.
Indican que esa práctica viola la Ley 22 de 1988, que protege a víctimas y testigos, y la Ley 205-2004, sobre confidencialidad en los procesos judiciales.
Derechos básicos negados y un estado de segregación
Otro punto de preocupación es el acceso a servicios esenciales, como salud y educación.
Las declaraciones de la gobernadora Jennifer González sobre la posibilidad de negar servicios a migrantes han sido catalogadas como una política de apartheid por las organizaciones.
Argumentan que el gobierno está obligado a garantizar el bienestar de todos sus habitantes, sin distinción de origen.
Los activistas también recalcan que el Estado debe enfocarse en problemas internos urgentes, como la crisis de vivienda, la privatización de las costas, la deficiencia en servicios de salud, la crisis energética y el estado de emergencia por feminicidios, en lugar de perseguir a comunidades vulnerables.
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Exigencias para un Puerto Rico justo y seguro
Las organizaciones han presentado un pliego de exigencias que incluye:
- Una política gubernamental clara para la protección de la población migrante.
- Garantizar que ningún servicio público sea negado a personas por su estatus migratorio.
- La declaración de espacios seguros o "santuarios", donde agentes migratorios no puedan intervenir sin orden judicial.
- La no colaboración del gobierno local con redadas y detenciones arbitrarias de inmigrantes.
- La publicación de todos los acuerdos de cooperación entre agencias estatales y federales en materia migratoria.
- Proteger a familias migrantes de la separación forzada, especialmente cuando hay menores involucrados.
- Un compromiso con la comunidad LGBTTIQ+ migrante, que muchas veces huye de persecución en sus países de origen.
- Mayor transparencia en los procedimientos de detención y reubicación de personas migrantes en Puerto Rico.
- Un llamado a los consulados y organismos internacionales para apoyar a la población migrante.
- Exigir al gobierno federal que cese las redadas discriminatorias y proporcione información clara sobre los detenidos.
- Asegurar que las escuelas sean zonas seguras, libres de intervenciones migratorias.
- Un llamado a los medios de comunicación para cubrir estas violaciones de derechos humanos sin reproducir discursos de criminalización.
Las organizaciones firmantes incluyen Amnistía Internacional Puerto Rico, Ayuda Legal Puerto Rico, la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Coordinadora Paz para las Mujeres, entre muchas otras, quienes han dejado claro que no cesarán en su lucha por los derechos de las comunidades migrantes en la isla.
