El agrimensor Johnny Saldaña Hernández es arrestado por fraude y falsificación en tierras de Monte Plata.
La tarde del jueves, el agrimensor Johnny de Jesús Saldaña Hernández fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial, acusado de participar en un esquema de fraude y falsificación para despojar a propietarios de terrenos en varias zonas costeras y agrícolas del país. La orden, número 668-2024-SAJP-01122, fue emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata.
Saldaña Hernández, quien fue detenido junto a otros implicados, forma parte de una red criminal que operaba en conjunto con el abogado Rafael Helena Regalado. A este último se le impuso un año de prisión preventiva mientras se realiza la investigación. Además, las autoridades continúan buscando a otros miembros del grupo, que se encuentran prófugos.
El caso involucra varias violaciones de los artículos 145, 146, 148, 150, 151, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que abordan falsificación de documentos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores. Las víctimas del fraude incluyen tanto al Estado Dominicano como a propietarios particulares, entre ellos el señor Ramón Antonio Rodríguez Román y los sucesores de José G. Saint Hilaire.
La investigación está siendo liderada por el Ministerio Público de Monte Plata, en colaboración con la Unidad de Investigación Inmobiliaria de la Procuraduría General de la República. Se indaga también la posible complicidad de empleados y funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria, quienes habrían aprobado deslindes y traspasos de terrenos violando los controles establecidos.
El abogado Amadeo Peralta, consultado sobre el caso, afirmó que el Ministerio Público está investigando también a otros agrimensores, notarios y abogados involucrados en un esquema similar. Entre ellos, se investiga a quienes pertenecen a una red conocida como “la mafia de Punta Rucia”, que lleva años operando de manera fraudulenta en diversas zonas costeras, como la playa de Ensenada en Puerto Plata.
Peralta hizo un llamado al Estado para que intensifique sus esfuerzos en el desmantelamiento de estos grupos criminales, que han puesto en riesgo tanto la seguridad jurídica del país como las inversiones privadas y extranjeras. Advirtió que las bandas como la de Punta Rucia han logrado, mediante falsificaciones, despojar a propietarios legítimos de tierras y propiedades, afectando gravemente la confianza en el sistema de registro inmobiliario.
El abogado recordó que el Tribunal Constitucional, en sentencias de 2013, estableció que la propiedad inmobiliaria registrada está protegida por el Estado y no puede ser desconocida por acciones fraudulentas, reafirmando la importancia de garantizar el derecho a la propiedad y el debido proceso.
Mientras tanto, la Procuraduría continúa con las investigaciones para desmantelar esta red criminal y llevar a sus miembros ante la justicia.
