Justicia contundente contra red internacional de narcotráfico
Santo Domingo (RD), 5 de febrero de 2025 – El Ministerio Público logró imponer 18 meses de prisión preventiva a los principales imputados en la Operación Panthera 7, caso relacionado con la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo durante diciembre de 2024.
La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, decretó esta medida contra José Nicolás Castillo Hart (“Nikito”), Winston Armando Tejera Rodríguez (“Barbikin”), Cristian Rayner Canela Aybar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo, Dulvi Jesús De los Santos, Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, quienes cumplirán la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en la provincia de San Cristóbal.
Asimismo, el proceso prosigue contra Alexander Henríquez Castro, quien será sometido a arresto domiciliario por el mismo período de 18 meses. Según explicó el fiscal titular de Santo Domingo Este, Mílciades Guzmán Leonardo, la medida de coerción fue determinada tras evaluar la solidez de la solicitud presentada por el Ministerio Público. “El tribunal ponderó la robustez de la carga probatoria y la vinculación de cada imputado con el delito, reflejando la gravedad del hecho”, afirmó el fiscal, subrayando la complejidad del caso y la participación de altos niveles en el crimen organizado.
La Operación Panthera 7 ha sido catalogada como una de las mayores ofensivas en contra del narcotráfico en el hemisferio, en una acción coordinada con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Durante los allanamientos se incautaron más de 22 millones en efectivo, vehículos de distintos tamaños, contenedores, motocicletas, pasolas, motores fuera de borda y diversas armas de fuego.
Además, se recolectaron evidencias que vinculan a los imputados con una red internacional de narcotráfico y lavado de activos, la cual operaba trayendo cocaína desde Colombia a través de puertos estratégicos como Bayahibe, La Romana y Pedernales.
El Ministerio Público argumenta que los acusados infringieron varios artículos del Código Penal Dominicano y de leyes específicas sobre drogas, armas y lavado de activos, evidenciando la magnitud y el impacto del delito en perjuicio del Estado. Con esta decisión, las autoridades refuerzan su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana, enviando un mensaje claro sobre la intolerancia hacia el narcotráfico en el país.
