Amnistía y HWR alertan sobre las consecuencias; la UE busca estrategias para salvar investigaciones
La reciente orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que impone sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI) ha generado una ola de críticas a nivel global. Organizaciones de derechos humanos y la Unión Europea han calificado la medida como un grave retroceso en la lucha contra la impunidad internacional y un golpe a la independencia judicial.
Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch (HRW) han condenado la decisión de Washington, señalando que debilita los mecanismos de justicia globales y favorece la impunidad de crímenes como los que se investigan en Gaza y Ucrania.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, denunció que estas sanciones envían el mensaje de que ciertos Estados, en particular Israel, pueden actuar sin rendir cuentas.
"Las sanciones representan otra traición a nuestra humanidad común", declaró en un comunicado.
Por su parte, la directora de justicia internacional de HRW, Liz Evenson, advirtió que la medida alinea a Estados Unidos con criminales de guerra, en detrimento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Hizo un llamado a los países miembros del TPI para reafirmar que nadie está por encima de la ley y garantizar que el tribunal pueda llevar adelante sus investigaciones sin interferencias.
La UE reacciona y busca estrategias para salvar investigaciones
Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, lamentó la decisión de Trump y alertó sobre su impacto negativo en la independencia del TPI.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró el compromiso de la UE con la justicia internacional y la lucha contra la impunidad, defendiendo que el tribunal debe operar sin presiones externas.
El Servicio de Acción Exterior de la UE expresó su preocupación por las repercusiones que estas sanciones podrían tener en investigaciones clave, como las relacionadas con Ucrania.
Su portavoz, Anouar El Anouni, enfatizó que la UE evaluará posibles medidas para contrarrestar los efectos de la orden ejecutiva de Trump y proteger la autonomía del TPI.
La sanción impuesta por Estados Unidos se produce tras la emisión de órdenes de detención contra altos cargos israelíes, una decisión que Washington considera un "precedente peligroso".
Con esta medida, cualquier persona que participe en investigaciones o procedimientos judiciales contra Estados Unidos o sus aliados podría ser objeto de represalias económicas y diplomáticas, poniendo en jaque la labor del Tribunal Penal Internacional en su lucha por la justicia global. Con datos de Europa Press.
