ACOPROVI indica cómo evitar fraudes y regularizar trabajadores en construcción de viviendas
El sector inmobiliario en República Dominicana enfrenta un doble desafío: el impacto de las estafas inmobiliarias y la falta de mano de obra extranjera debido a repatriaciones desorganizadas lo que podría provocar una crisis en el sector inmobiliario.
Así lo advirtió Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), quien destacó que la percepción de inseguridad afecta la venta de viviendas.
Denuncias de fraudes inmobiliarios generan desconfianza y reducen las ventas
Meléndez reconoció que las constantes denuncias de estafas inmobiliarias han creado una sensación de inseguridad que incide negativamente en el mercado. Sin embargo, aclaró que los casos reportados representan una minoría en comparación con el volumen de viviendas en oferta.
Para evitar fraudes, recomendó a los compradores verificar la reputación del promotor, confirmar que el proyecto tenga los permisos adecuados y evaluar si las ofertas son realistas.
“Si una vivienda promedio cuesta US$100,000, y se la ofrecen por US$50,000 con amenidades irreales, debe sospechar”, advirtió.
Déficit de trabajadores en construcción afecta el desarrollo de proyectos
Otro problema que enfrenta el sector es la escasez de mano de obra, generada por las recientes repatriaciones de obreros haitianos.
Según Meléndez, el sector construcción emplea 435,000 trabajadores, de los cuales 87,000 deberían contar con permisos de trabajo, de acuerdo con la normativa 80/20.
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La dirigente empresarial criticó que las deportaciones no diferencian entre inmigrantes que cumplen con la ley y aquellos que no están insertados en actividades productivas.
También señaló que los dominicanos rechazan labores como excavaciones y demolición, dejando estos trabajos en manos de inmigrantes, como ocurre en otros países.
Por último, Meléndez pidió sanciones para quienes construyen sin formación profesional, pues esto ha derivado en derrumbes y accidentes. Además respaldó la transferencia de la administración del bono para vivienda de bajo costo al Ministerio de Vivienda, en lugar de la Dirección General de Impuestos Internos.
