La Cuarta Sala del TSA ordenó la compensación económica a Frandiz Herasme Santana por despido injustificado.
Santo Domingo, República Dominicana. Frandiz Altagracia Herasme Santana, una mujer que enfrenta una dura lucha contra el cáncer de mama, reclama con urgencia el cumplimiento de una sentencia emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) en la que se ordena al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) el pago de RD$186,500 como compensación por prestaciones laborales adeudadas.
La demanda obedece a la cancelación injustificada de su empleo mientras estaba de licencia médica, situación que, además de afectarla emocionalmente, le ha dejado en una grave situación económica.
El fallo, emitido el 17 de junio de 2022, considera que Herasme Santana fue desvinculada de INAPA de forma ilegal y vulnerando sus derechos. En su sentencia, el tribunal aplicó el artículo 60 de la Ley 41-08 de Función Pública, que protege a los empleados en licencia médica y les garantiza las prestaciones correspondientes en caso de despido sin justificación.
El abogado de la afectada, Luis Méndez Novas, explicó que la sentencia es clara en su favor, sin embargo, lamentó que, en lugar de acatar la resolución, INAPA presentó un recurso de revisión ante el TSA, que fue rechazado. A pesar de ello, la entidad no interpuso un recurso de casación, lo que convirtió el fallo en definitivo. Esto obliga a INAPA a pagar la suma correspondiente, pero hasta la fecha, la institución no ha cumplido con el mandato judicial.
La situación de Frandiz Altagracia es desgarradora. La mujer, de 42 años, se enfrenta a un diagnóstico de cáncer de mama izquierdo, complicaciones cardiológicas y otras enfermedades graves que han afectado seriamente su calidad de vida.
Su salud ha empeorado al no poder recibir el tratamiento adecuado debido a la falta de recursos, ya que tras la cancelación de su empleo en abril de 2021, perdió también su seguro médico. Esta situación la ha llevado a depender de la ayuda de amigos y familiares para costear los tratamientos y medicamentos.
“Ya no aguanto más el dolor. Mi seno izquierdo está muy hinchado, no puedo mover el brazo y la piel me duele enormemente. Necesito con urgencia esa compensación para continuar con mi tratamiento”, expresó Frandiz, quien ha sido incapaz de costear los estudios médicos necesarios para evaluar la evolución de su enfermedad.
Herasme Santana trabajó por 17 años en la oficina de INAPA en Neyba, desempeñándose como Asistente de Archivo con un salario mensual de RD$10,000. Tras su despido en 2021, comenzó una lucha legal para obtener lo que le corresponde, pero la situación se ha vuelto insostenible.
La afectada, quien proviene de la comunidad El Estero en Neyba, provincia Bahoruco, ha solicitado la intervención del presidente Luis Abinader y de la Primera Dama, Raquel Arbaje, para que el gobierno ordene al INAPA cumplir con la sentencia, incluso por razones humanitarias.
Un llamado urgente a la acción humanitaria
En medio de su dolor y desesperación, Frandiz hace un llamado a la solidaridad, buscando que las autoridades competentes comprendan la gravedad de su situación. La sentencia judicial, aunque ya definitiva, no ha logrado que INAPA cumpla con lo ordenado, y mientras tanto, su salud sigue empeorando.
Su vida depende no solo de la atención médica, sino también del cumplimiento de la justicia que le corresponde por derecho.
Este caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos laborales y por la dignidad de aquellos que, en momentos de vulnerabilidad, necesitan que el Estado y sus instituciones actúen de forma responsable y humana.
