Seminario internacional analiza tensiones entre derechos y su protección judicial en Latinoamérica
Santo Domingo.- En un auditorio repleto de juristas, académicos y estudiantes, el «Seminario Diálogos Constitucionales: una mirada comparada» reunió esta semana en Santo Domingo a destacados jueces y catedráticos internacionales para analizar uno de los dilemas más urgentes del derecho contemporáneo: cómo resolver las tensiones entre derechos fundamentales y garantizar la protección judicial efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Organizado por el Tribunal Constitucional dominicano (TC), la Universidad Georgetown y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el evento sirvió como plataforma para intercambiar experiencias de Colombia, México, Chile y República Dominicana, países que enfrentan desafíos similares en la aplicación de normas constitucionales a realidades sociales complejas.
La ponderación: ¿Fórmula mágica o herramienta democrática?
El primer panel, «La ponderación como herramienta para resolver conflictos de derechos», desató un debate fascinante sobre este método jurídico que prioriza derechos en colisión. El magistrado dominicano Amaury Reyes Torres, juez del TC, lo definió como «un ejercicio práctico que exige pruebas sólidas y argumentos transparentes».
«No es matemática pura, pero nos obliga a justificar por qué un derecho prevalece sobre otro en casos sensibles, como salud versus propiedad o libertad de expresión versus privacidad», explicó Reyes Torres, destacando su rol en decisiones polémicas.
La chilena Catalina Lagos Tschorne, ministra del Tribunal Constitucional de su país, añadió una capa política al debate: «La ponderación fortalece la legitimidad de los tribunales. Cuando resolvemos conflictos en temas divisivos —como políticas públicas en aborto o protestas sociales—, la transparencia en nuestras razones es clave para ganar confianza ciudadana».
Desde México, el ministro Javier Laynez Potisek detalló el riguroso proceso de cuatro pasos que aplican sus colegas: evaluación de fines constitucionales, conexión racional con las medidas, necesidad y proporcionalidad estricta. «Ningún derecho es absoluto; nuestro deber es equilibrarlos sin perder de vista la esencia democrática», subrayó.
DESC: ¿Justiciables o utopías legales?
El segundo panel abordó el espinoso tema de los derechos económicos, sociales y culturales —como salud, educación y vivienda—, cuya protección judicial suele enfrentar escepticismo por su carácter «prestacional». Rodrigo Uprimny Yepes, profesor colombiano, desmontó mitos: «Los DESC tienen la misma base jurídica que los derechos civiles. Todos exigen acciones estatales: unos requieren no interferir, otros, invertir recursos».
La jueza dominicana Mery Layne Collado Tactuk señaló obstáculos prácticos: «La gente desconoce qué recurso legal usar. Si judicializamos todo con amparos, colapsamos el sistema. Además, sin fondos públicos —que vienen de impuestos—, estos derechos se quedan en papel».
Pero hubo esperanzas: Oscar Parra Vera, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, recordó cómo la Sentencia T-760/08 revolucionó el sistema de salud de su país al ordenar reformas estructurales. «Los tribunales pueden —y deben— exigir transparencia en políticas públicas. No somos legisladores, pero sí guardianes de su cumplimiento», afirmó.
Un diálogo con sello regional
El evento no solo destacó diferencias entre sistemas legales, sino también consensos. Moderadores como Juan Narciso Elías Vizcaíno y Maycar Mejía Barros guiaron discusiones donde emergió una lección común: en sociedades desiguales, la justicia constitucional debe ser creativa y pedagógica.
«Este seminario confirma que los DESC ya no son temas marginales», resumió Hermógenes Acosta de los Santos, exmagistrado del TC. «Su judicialización es imparable, pero requiere jueces formados, ciudadanos informados y Estados que prioricen lo social».
Entre los asistentes estuvieron magistrados del TC dominicano, académicos de la UASD y decenas de abogados jóvenes, prueba del interés en un tema que define el futuro del constitucionalismo latinoamericano. Con casos como el sistema de salud colombiano o las sentencias sobre agua potable en México como referencia, el mensaje fue claro: los derechos solo son reales si los tribunales los hacen exigibles.
¿Qué sigue?
Los organizadores anunciaron que las ponencias se compilarán en un libro digital para ampliar su alcance. Mientras tanto, el debate sigue vivo: ¿Cómo evitar que la protección judicial de DESC profundice desigualdades? ¿Qué límites deben tener los jueces al intervenir en políticas presupuestarias? Santo Domingo dio el primer paso, pero la conversación recién comienza.
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