Recusación de jueza busca retrasar condenas en caso de trata de personas
El Ministerio Público denunció que la recusación presentada contra las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Cattleya responde a una táctica dilatoria de la defensa.
Indica que la estrategia busca retrasar el proceso judicial contra María Paula Murillo Vargas y otros imputados por trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.
El procurador fiscal Eduardo Velázquez explicó que la recusación se basa en un supuesto alegato de imparcialidad, luego de que el tribunal rechazara un recurso de la defensa para impedir la incorporación de discos duros con pruebas clave.
Estos contienen fotografías, conversaciones y documentos que evidencian la red de explotación sexual y tráfico ilícito de personas.
“Las defensas recurrieron a esta vieja táctica dilatoria con el único propósito de retrasar el proceso, pues saben que la acusación es indestructible y que los imputados recibirán una condena segura”, afirmó Velázquez.
Además, destacó que los informes periciales fueron autenticados por el perito Ogando, validando la información contenida en los discos duros.
Juicio en fase final: audiencia recesada por recusación de juezas
La audiencia fue recesada hasta que la corte decida sobre la solicitud de apartar a las juezas del juicio, el cual se encuentra en su fase final.
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una estructura criminal dedicada a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes.
La acusación, captaban, trasladaban y explotaban sexualmente a mujeres, en su mayoría extranjeras, engañándolas con falsas promesas de empleo.
Entre los acusados figuran José Miguel Michel Gurdis (alias Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, Cristina María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (alias Cirujano), Dionicio Mieses de la Cruz (alias Dionis), y otros.
También están involucrados los hoteles Caribe, Oscar (en Gascue, Distrito Nacional) y Coco Real (en Bávaro, Punta Cana).El Ministerio Público reiteró su compromiso de llevar a cabo un proceso transparente y justo, asegurando que las pruebas son contundentes y que los imputados enfrentarán las consecuencias legales por sus crímenes.
