El Ministerio Público desmantela una organización que proveía documentos ilegales a nacionales haitianos desde la Oficialía de Nizao, Peravia.
Peravia, República Dominicana, lunes 17 de febrero de 2025. El Ministerio Público del Distrito Judicial de Peravia ha logrado desarticular una red criminal dedicada a la provisión irregular de documentos oficiales a nacionales haitianos. Operando desde la Oficialía del Estado Civil en el municipio de Nizao, provincia Peravia, esta estructura se especializaba en la suplantación de identidades de ciudadanos dominicanos y en la falsificación de documentos públicos para emitir declaraciones de nacimiento fraudulentas.
La magistrada Loida Amador, jueza de la Oficina de Atención Permanente de Peravia, declaró el caso como complejo. Implicó prisión preventiva para Amauri Rosario Aybar, quien cumplirá la medida en la cárcel pública de Baní. Además, se impusieron garantías económicas y presentación periódica ante el Ministerio Público a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez.
Las detenciones se llevaron a cabo tras una serie de allanamientos en las comunidades de Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní. La investigación reveló que la red estaba compuesta por terceros y empleados de la Oficialía del Estado Civil de Nizao, operando bajo la dirección de María del Carmen Arias Castillo, quien actualmente se encuentra prófuga, al igual que la imputada Dominga Valdez. Ambas tienen órdenes de arresto pendientes.
Un comunicado oficial detalla que la red se dedicaba a la suplantación de identidades de ciudadanos dominicanos, falsificación de documentos públicos y realización de declaraciones de nacimiento fraudulentas para beneficiar a nacionales haitianos. Este proceso ilícito comprometía la integridad del sistema de registro civil y representaba una amenaza a la seguridad nacional.
La investigación ha contado con la colaboración activa de la Junta Central Electoral (JCE) y diversas entidades. Entre ellas, la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la JCE, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la JCE y el Departamento de Falsificaciones de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM). Además, se ha contado con el apoyo de las direcciones jurídicas, de cedulación, de inspectoría y de informática de la JCE.
Las acciones de la red han sido calificadas provisionalmente como violaciones a múltiples artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo los que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos. Asimismo, se les imputa la transgresión de artículos de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, la Ley de Cédula No. 8-92, la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
