La empresa alega que la orden emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras carecía de fundamentos legales adecuados.
Santo Domingo. El Grupo Paceo, SRL, presentó una demanda en responsabilidad patrimonial contra el Estado dominicano y el juez Rigoberto Sena Ferreras ante el Tribunal Superior Administrativo, alegando que el magistrado autorizó un allanamiento sin la debida motivación jurídica.
Según la demanda, el 30 de enero, a las 7:32 p.m., el juez Sena Ferreras aprobó la solicitud de allanamiento presentada por el Ministerio Público a las 5:35 p.m. del mismo día. Sin embargo, la empresa sostiene que la orden no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 180 del Código Procesal Penal, que exige una resolución judicial motivada.
Además, el documento cita la sentencia TC/0009/13 del Tribunal Constitucional, la cual ha reiterado la necesidad de que estas órdenes contengan fundamentos claros y detallados. En este caso, la defensa de Grupo Paceo argumenta que el juez se limitó a listar los documentos presentados por el Ministerio Público sin explicar cómo valoró la información ni justificar la existencia de pruebas que sustentaran la medida.
- La acción judicial sostiene que la orden de allanamiento emitida por Sena Ferreras constituye una “mera apariencia de justicia”, al no cumplir con el desarrollo argumental exigido por la jurisprudencia.
También denuncia que el magistrado omitió incluir detalles esenciales, como la indicación precisa de los objetos o personas que se buscaban y las diligencias a realizar, requisitos establecidos en el artículo 182.4 del Código Procesal Penal.
El Grupo Paceo exige que se respeten los procedimientos legales en este tipo de actuaciones y que se garantice la protección de los derechos fundamentales. La demanda plantea la posibilidad de un precedente importante en cuanto a la exigencia de mayor rigurosidad en las decisiones judiciales relacionadas con órdenes de allanamiento.
