A Pablo Ulloa déjenlo continuar en sus afanes de defensa de los derechos ciudadanos y difusión y defensa de los valores patrios.
Aunque usted no lo crea, en esta Suiza caribeña, un funcionario del Estado es enviado a juicio penal por su afán de difusión de los símbolos patrios. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo decidió asumir como uniforme de trabajo una camisa blanca con una bandera bordada en su brazo derecho. “Gravisimo” delito que ocupa el tiempo de un procurador adjunto (mayo 2022) y un juez supremo (septiembre 2023), en un sistema agobiado por la mora judicial y de abrumadoras violaciones legales diarias. Hay déficit de jueces y fiscales y se pierde tiempo porque a un tipo se ocurrió reclamar 200 millones por la ausencia del escudo.
Ulloa asistió al programa de Mariasela Álvarez en abril del 2022, en ropa de faena como siempre que está en labores en territorios. Un individuo, con foto y video va al ministerio público con el gran hallazgo. Son las “grandes pruebas”, de una presentación que no niega, sino que precisa que la Constitución establece un mandato general sobre uso de la bandera sin tipificación penal.
“La querellante Fundación para la Integración Social y Educativa (FISOE) –dice la resolución del juez- solicitó al tribunal lo siguiente: Primero: solicitamos RD$200,000,000.00 (doscientos millones de pesos) para resarcir el daño al pueblo y rescatar los valores nacionales mediante una campaña que hemos realizado durante 50 años…” ¿En serio? Esta sola pretensión, de entrada, era para ocupar tiempo en otra cosa. Al final, lo excluyeron del proceso.
Fuera el “trinitario” del caso, qué buscan procurador adjunto y juez de instrucción especial, en un asunto que quizás bastaba con una exhortación a los poderes públicos y a los ciudadanos en general sobre uso de los símbolos patrios, conforme al predicamento constitucional. (Pablo, como Defensor del Pueblo tiene jurisdicción única, que llaman privilegiada).
Si este rigurosísimo “criterio” normaría en lo adelante el celo justiciero, veremos a funcionarios de casi todas las instituciones oficiales, desfilar por los tribunales. Cuidado si tropiezan con el presidente Abinader, al revisar usos de símbolos patrios en algunos de los numerosos actos que encabeza semanalmente.
Empero, creo más provechoso para Procuraduría y Suprema Corte de Justicia, instituciones a las cuales le reconozco avances importantes, centrarse en esfuerzos más productivos como violencia intrafamiliar (mujeres se quejan de indiferencia de fiscales o de actuaciones tardías de jueces), crimen organizado (seguir búsqueda de los dueños de las casi 10 toneladas de coca del Multimodal Caucedo y del fuerte apoyo interno para operación de ese nivel), delitos tecnológicos y crímenes que operan desde cárceles, investigación de muertes en “intercambio de disparos” (y los resultados, con cantidad de policías sometidos al verificarse ejecuciones), numerosas investigaciones sobre corrupción inconclusas y la dilación en la definición de los procesamientos por peculado, violaciones y estafas en el ámbito de la propiedad privada, entre otros muchos casos.
A Pablo Ulloa déjenlo continuar en sus afanes de defensa de los derechos ciudadanos y difusión y defensa de los valores patrios, mediación en conflictos que afectan ciudadanos a petición de éstos, el gobierno o sectores privados.
En 2023 el Defensor del Pueblo tuvo la iniciativa de producir la Constitución Animada, realizando 45 actividades en la capital y provincias en plazas, centros educativos y difusión en YouTube, impactando a miles de niños y adolescentes. Además, los programas El Costo de una Patria, con casi una veintena de talleres y Construcción de ciudadanía, que incluyó decenas de seminarios, conversatorios, charlas, diplomados, webinar, etc. El año pasado alcanzó 26 provincias con la Ruta de los derechos, que iniciaba en cada ciudad con el enhestamiento de la bandera en una escuela.
País del absurdo.
