Juristas y activistas califican de inhumanas las políticas migratorias estadounidenses
En un contexto de creciente tensión migratoria, las recientes políticas de deportación masiva implementadas por la administración estadounidense han generado una ola de críticas por parte de expertos panameños. Estas medidas, que incluyen el traslado de migrantes a terceros países como Panamá, han sido calificadas de "terribles" e "inhumanas" por destacados juristas y activistas locales.
Graciela Dixon, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, expresó su profunda preocupación ante estas acciones. Según Dixon, los derechos humanos de los migrantes son vulnerados desde el momento en que son deportados y enviados a un tercer país.
"Los migrantes son tratados como si fueran mercancías, trasladados de un puerto a otro sin consideración alguna por su dignidad humana. Este tipo de trato es inhumano y viola los estatutos internacionales de derechos humanos", afirmó.
La jurista enfatizó que es inaceptable que Panamá se convierta en un "satélite" de Estados Unidos para recibir migrantes que este país no desea en su territorio. "Es más factible que EE. UU. ubique a los migrantes en su destino final, en lugar de que Panamá sea un centro de redistribución hacia otros lugares", añadió Dixon, subrayando la ilegalidad de esta política desde el punto de vista del derecho internacional.
Elías Cornejo, coordinador de la Red Eclesial de Migración, Refugio, Desplazamiento y Trata de Personas en Panamá (Red Clamor), calificó la política estadounidense como un "chantaje" que compromete la soberanía de los países receptores. "Los países que acogen a los migrantes pierden soberanía. Eso me parece grave", señaló Cornejo, quien también coordina el Servicio de Atención a Migrantes de Fe y Alegría en Panamá.
Cornejo destacó que, aunque las autoridades panameñas han indicado que no asumen los costos de los migrantes enviados por EE. UU., al estar bajo su custodia, Panamá es responsable de garantizar sus derechos humanos. "Panamá debe asegurar que niños, niñas y adolescentes tengan un espacio seguro y acceso a salud y educación. No podemos convertirnos en un 'Guantánamo VIP'. Es vergonzoso", lamentó.
Rodrigo Noriega, abogado con doctorado en Derecho Internacional y columnista del diario La Prensa de Panamá, opinó que esta política estadounidense es "una mezcla de nacionalismo blanco con manipulación mediática". Según Noriega, se pretende simular que el problema migratorio se ha resuelto al deportar a personas a terceros países, evitando que abogados en EE. UU. actúen en su nombre y obtengan el asilo que buscan.
Noriega recordó que, en 1994, Panamá recibió a unos 10,000 migrantes cubanos a petición del gobierno de Bill Clinton, quienes fueron detenidos en el país mientras se evaluaba cada caso. Aunque Panamá no está obligado a aceptar migrantes deportados, lo hace para disminuir tensiones con Estados Unidos y como un gesto de buena fe. Sin embargo, Noriega advirtió que, aunque Panamá está haciendo lo posible por dar un trato digno a los migrantes y respetar sus derechos humanos, se está convirtiendo en cómplice de una política "terrible" de Estados Unidos.
El abogado enfatizó las responsabilidades de Panamá en cuanto al trato digno de los migrantes, incluyendo la protección de su identidad e intimidad, el acceso a cónsules de sus países de origen y la facilitación de documentos necesarios para su viaje. "La comida, el alojamiento y los pasajes de avión de estos migrantes los paga la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)", concluyó.
Según un comunicado reciente del Ministerio de Seguridad de Panamá, el país ha recibido 299 migrantes deportados de EE. UU. en tres vuelos distintos. De estos, 13 decidieron retornar a sus países de origen, 97 fueron trasladados al albergue San Vicente en la provincia de Darién, y 175 permanecen en un hotel de la ciudad de Panamá a la espera de su repatriación. Este proceso se enmarca en un Memorándum de Entendimiento firmado en julio de 2024 entre Panamá y Estados Unidos para cooperar en la gestión de la migración irregular en la región. No obstante, este acuerdo no contempla la recepción de migrantes deportados desde EE. UU. hacia Panamá.
La situación ha generado un intenso debate en Panamá sobre la soberanía nacional y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Mientras las autoridades buscan equilibrar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y las obligaciones internacionales, expertos y activistas continúan alzando la voz contra políticas que consideran inhumanas e ilegales.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, que podrían sentar precedentes en materia de políticas migratorias y derechos humanos en la región. La colaboración entre países para abordar la migración irregular debe basarse en el respeto a la dignidad humana y en soluciones que no comprometan la soberanía ni los principios fundamentales de las naciones involucradas.
En este contexto, es imperativo que Panamá evalúe su papel en estas deportaciones y considere las implicaciones éticas y legales de su participación. La protección de los derechos humanos y la preservación de la soberanía nacional deben ser pilares fundamentales en la gestión de la migración y en las relaciones internacionales del país.
La situación actual plantea desafíos significativos para Panamá y otros países de la región, que se ven en la encrucijada de mantener relaciones diplomáticas con potencias como Estados Unidos y, al mismo tiempo, proteger los derechos y la dignidad de los migrantes que transitan o son enviados a sus territorios.
