Expertos alertan sobre violaciones de derechos humanos y exilio forzado
Ginebra – Un grupo de expertos de la ONU denunció este miércoles 26 que el gobierno de Nicaragua ha desmantelado los últimos controles institucionales sobre su poder, consolidando una estrategia autoritaria con graves violaciones de derechos humanos. Según el informe, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido al país en un Estado represivo donde las voces disidentes son silenciadas y la persecución política se ha intensificado.
"Desde 2018, Ortega y Murillo han afianzado progresivamente su control total en el país, operando una extensa red de inteligencia para vigilar a la población y eliminar cualquier oposición", afirmó Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, recoge en un reporte la agencia IPS.
Eliminación del Estado de derecho
El informe destaca que la reciente reforma constitucional, vigente desde el 18 de febrero, ha otorgado al poder ejecutivo un dominio absoluto, reduciendo al poder judicial, legislativo y electoral a meros órganos bajo el control presidencial. Esta transformación ha reforzado la represión estatal y la ausencia de instituciones independientes.
Según el documento, el gobierno de Ortega ha utilizado a las fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y grupos paramilitares para violar derechos y silenciar cualquier oposición. Por primera vez, se confirmó la participación del ejército en la represión de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
Aumento de detenciones y exilio forzado
Los expertos denunciaron que el gobierno ha intensificado las detenciones arbitrarias, la privación de nacionalidad y las expulsiones forzadas de ciudadanos considerados críticos del régimen. En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala y despojados de su nacionalidad, elevando a 452 el número de nicaragüenses arbitrariamente desnacionalizados. Además, las autoridades han incrementado la confiscación de propiedades privadas.
"Estamos viendo la represión sistemática de cualquiera que desafíe el control de Ortega y Murillo. Es un gobierno en guerra contra su propio pueblo", señaló Ariela Peralta, especialista en derechos humanos y miembro del grupo.
Llamado a la comunidad internacional
El informe enfatiza que muchas de estas violaciones siguen patrones asociados a crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución política. Los expertos han recopilado una lista de personas responsables de estos abusos, cuyos nombres se harán públicos antes del 4 de abril.
La ONU instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas, como el respaldo a la sociedad civil nicaragüense, la ampliación de sanciones específicas contra los responsables de la represión y acciones legales ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a tratados internacionales.
Asimismo, recomendaron acelerar los procesos de asilo para exiliados, facilitar la validación de títulos profesionales y considerar estos hallazgos en decisiones económicas internacionales, incluyendo evaluaciones del FMI y acuerdos comerciales.
"La comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo; debe tomar medidas urgentes para hacer que el gobierno de Nicaragua y sus responsables rindan cuentas", concluyó Reed Brody, experto en derechos humanos y miembro del grupo.
