Un tribunal anula el cese de la directora de la junta laboral de EEUU
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Un tribunal federal de Estados Unidos ha anulado el cese de la directora de la Junta Nacional de Relaciones Laborales –la agencia federal encargada de proteger los derechos de los trabajadores del sector privado– que ordenó en enero el presidente del país, Donald Trump, como parte de los esfuerzos centralizadores de su administración para disolver todos los organismos de control independientes del país.
Trump ordenó el cese de Gwynne Wilcox, elegida al cargo por su predecesor, Joe Biden, esgrimiendo que la responsable laboral no estaba actuando "de manera consistente" con los objetivos marcados por el mandatario. Wilcox, como otros tantos responsables de agencias federales independientes, solo puede ser cesada si se demuestra que ha cometido una negligencia en su labor.
En su dictamen, la magistrada del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito de Columbia, Beryl Howell, denuncia el comportamiento exhibido por Trump. "El presidente de Estados Unidos no es un monarca y su poder para cesar a responsables federales no es absoluto, y en las circunstancias adecuadas puede ser restringido", hace saber en el dictamen, publicado en la web de la Judicatura estadounidense.
"El presidente de Estados Unidos no es un monarca y su poder para cesar a responsables federales no es absoluto, y en las circunstancias adecuadas puede ser restringido", hace saber en el dictamen, publicado en la web de la Judicatura estadounidense.
La opinión de la magistrada también denuncia la "teoría del ejecutivo unitario", una línea de pensamiento doctrinal que considera al Presidente de Estados Unidos la fuente suprema de autoridad y que sirve de base a las decenas de órdenes ejecutivas firmadas por Trump desde su retorno al poder, muchas de las cuales están siendo disputadas por los tribunales y repudiadas por numerosos magistrados que las entienden como un ataque contra la separación de poderes.
"La propia estructura de la Constitución está diseñada para garantizar que ninguna rama del Gobierno ostenta poder absoluto, por muchas ineficacias que deje entrever este sistema", hace saber la jueza antes de concluir que "el presidente no tiene autoridad para despedir a los miembros de la Junta Nacional de Relaciones Laborales a voluntad, y su intento de despedir a la demandante de su puesto en la junta ha sido una flagrante violación de la ley".
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La de este pasado jueves es la última decisión judicial que restringe la autoridad de Trump. El mes pasado y por poner otro ejemplo, un magistrado suspendió otra orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento al considerar que podría ser "inconstitucional", en lo que constituía el cuarto "golpe" de este tipo a la medida, emitida por Trump en su primer día en el cargo.
La Casa Blanca por contra, denuncia que la Judicatura del país está provocando una "crisis constitucional", según dijo el mes pasado la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, antes de señalar que "magistrados en distritos liberales están abusando de su poder para bloquear de manera unilateral la autoridad ejecutiva básica del presidente".
Los magistrados están capacitados para ello, no obstante, porque las órdenes ejecutivas presidenciales no constituyen en sí mismas una ley –la legislación nacional es aprobada por el Congreso de Estados Unidos y ratificada (o vetada) por el presidente– y están sujetas a un proceso de revisión judicial para comprobar que se ajustan a la Constitución estadounidense.
