El fiscal general descarta "golpe de Estado blando" y defiende investigación
La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, confirmó que la presidenta Dina Boluarte enfrenta 34 denuncias, la mayoría presentadas por ciudadanos anónimos. Mientras tanto, la propia funcionaria judicial enfrenta una denuncia constitucional por presunto abuso de autoridad.
Sin embargo, Espinoza rechazó las afirmaciones de Boluarte sobre un presunto "golpe de Estado blando" en su contra, señalando que las investigaciones siguen los procedimientos legales establecidos, reseña Europa Press.
Boluarte había denunciado la semana pasada que era víctima de un intento de desestabilización, pero la fiscal aclaró que las denuncias son parte de un proceso constitucional y no tienen motivaciones políticas.
"Toda persona denunciada, al ser investigada, suele ponerse tensa", afirmó Espinoza en una entrevista con América TV, destacando que su labor se enfoca en esclarecer los hechos.
Fiscal Espinoza también enfrenta denuncia por supuesto abuso de autoridad
Mientras tanto, la propia Delia Espinoza enfrenta una denuncia constitucional por presunto abuso de autoridad, relacionada con la investigación a un grupo de diputados que aprobaron un proyecto de ley sobre remuneraciones a policías y militares retirados.
Esta denuncia podría resultar en una inhabilitación de 10 años para la fiscal, aunque ella asegura tener "la conciencia tranquila" y defiende su actuación como parte de su deber constitucional.
El caso de Boluarte ha generado un intenso debate en Perú, donde la polarización política y las acusaciones cruzadas son frecuentes.
La fiscalía insiste en que las investigaciones se llevan a cabo con transparencia y sin influencias externas, mientras que la presidenta y sus allegados cuestionan la legitimidad de las denuncias, alegando motivaciones políticas detrás de ellas.
Este escenario refleja la complejidad del panorama político peruano, donde las tensiones entre los poderes del Estado y las acusaciones de corrupción o abuso de autoridad son recurrentes.
La situación de Boluarte y Espinoza evidencia los desafíos que enfrenta el país para garantizar la estabilidad institucional y la confianza en sus sistemas de justicia.
