La jueza Ana Esther Hernández dicta tres meses de prisión preventiva a los acusados
En una acción contundente contra la falsificación de documentos oficiales, la justicia dominicana ha impuesto medidas drásticas para salvaguardar la integridad de las instituciones públicas y la confianza ciudadana. Este sábado 15 de marzo de 2025, la jueza Ana Esther Hernández, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, dictó tres meses de prisión preventiva contra Eusebio De Jesús Abad, Teodoro Rudecindo Abad y Félix Rosario Martínez. Los individuos están acusados de expedir títulos de propiedad falsos del Instituto Agrario Dominicano (IAD), una entidad clave en la gestión de tierras agrícolas en el país.
El arresto de los imputados se produjo el pasado 11 de marzo, alrededor de las 12:40 de la tarde, en el kilómetro 45 de la autopista Duarte, en el municipio de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal. Según el informe policial, los hombres se desplazaban en una camioneta realizando maniobras sospechosas, lo que llamó la atención de las autoridades. Al proceder con la inspección del vehículo, los agentes encontraron un folder que contenía nueve títulos de propiedad originales con las características de los emitidos por el IAD.
Además de los títulos, se incautaron 15 oficios con sellos del IAD, 15 copias de títulos provisionales, varios actos de venta de terrenos bajo firma privada, un contrato de venta de posesión de terreno y 14 copias de cédulas, entre otros documentos relacionados. Durante el registro personal, también se les confiscaron varios teléfonos móviles. La Fiscalía de Villa Altagracia, dirigida por la fiscal titular Dalma Díaz, está a cargo del caso, con la colaboración del fiscal Eleuterio Reyes Navarro y del propio Instituto Agrario Dominicano.
En la audiencia, que se extendió por aproximadamente dos horas, el fiscal litigante Eladio Angustia presentó evidencias testimoniales y documentales que respaldan la acusación. El Ministerio Público ha calificado provisionalmente el caso como una violación a los artículos 145, 147, 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsedad en escritura auténtica o pública y la asociación de malhechores.
Este caso resalta la importancia de la vigilancia y acción efectiva de las autoridades para combatir la falsificación de documentos oficiales. La integridad de instituciones como el IAD es fundamental para garantizar la seguridad jurídica en el ámbito agrario y la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas. La colaboración entre diferentes organismos, como la Policía Nacional, la Fiscalía y el IAD, demuestra un compromiso conjunto en la lucha contra la corrupción y el fraude.
La medida de prisión preventiva busca asegurar la presencia de los imputados durante el proceso judicial y evitar posibles intentos de obstrucción de la justicia. Este tipo de delitos no solo afecta a las instituciones, sino que también puede tener repercusiones directas en ciudadanos que, de buena fe, podrían verse involucrados en transacciones fraudulentas, poniendo en riesgo su patrimonio y confianza en el sistema.
La sociedad dominicana espera que este caso sirva como un precedente para disuadir a aquellos que intenten vulnerar la legalidad mediante la falsificación de documentos. La justicia y las instituciones están llamadas a actuar con firmeza para proteger el estado de derecho y garantizar que actos como estos no queden impunes.
En conclusión, la acción oportuna y coordinada de las autoridades en Villa Altagracia refleja un compromiso claro con la legalidad y la transparencia. La imposición de medidas coercitivas adecuadas es esencial para mantener la confianza pública en las instituciones y asegurar que quienes intenten socavar el sistema legal enfrenten las consecuencias de sus actos.
