Ley de enemigos extranjeros: una herramienta polémica con oscuro historial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido con su promesa de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa histórica que otorga amplios poderes para deportar a migrantes indocumentados.
Dicha ley, utilizada en el pasado para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, italianos y japoneses durante las guerras mundiales, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que la califica de "arcaica" y "discriminatoria".
La Casa Blanca señaló que el objetivo principal de la medida son los migrantes vinculados a la organización criminal venezolana Tren de Aragua
En una proclamación publicada este sábado, la Casa Blanca señaló que el objetivo principal de la medida son los migrantes vinculados a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, a la que Estados Unidos considera un "grupo terrorista". Según el gobierno, estos individuos se han "infiltrado ilegalmente" en el país y representan una amenaza para la seguridad nacional.
Amnistía internacional advierte sobre riesgos de violaciones a derechos humanos
Amy Fisher, directora del Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional en Estados Unidos, denunció que la invocación de esta ley es "increíblemente cruel" y forma parte de la "agenda xenófoba" de Trump.
La organización alertó que la normativa otorga al presidente poderes excesivos para detener y deportar a personas basándose en su nacionalidad, lo que podría derivar en violaciones al derecho a la no discriminación, al debido proceso y al asilo.
Juez emitió una orden de restricción temporal que impide la deportación de cinco venezolanos bajo custodia migratoria durante 14 días.
Mientras tanto, algunos jueces federales ya han comenzado a oponerse a la decisión de Trump. El magistrado James E. Boasberg emitió una orden de restricción temporal que impide la deportación de cinco venezolanos bajo custodia migratoria durante 14 días.
La medida responde a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Democracy Forward. Boasberg celebrará una segunda audiencia para decidir si extiende la aplicación de su dictamen a más personas afectadas.
Esta controvertida decisión ha reavivado el debate sobre el uso de leyes históricas en contextos modernos, especialmente cuando se trata de políticas migratorias que podrían poner en riesgo los derechos fundamentales de miles de personas.
