Garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica para Yerfri Santana Durán
El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Montecristi impuso medidas de coerción a Yerfri Rafael Santana Durán, conocido como "El Jefe" o "El Patrón". Santana Durán enfrenta acusaciones de tráfico transnacional de drogas y lavado de activos, vinculadas al decomiso de 316 láminas de cocaína, con un peso total de 102 kilogramos, en el Puerto de Manzanillo, Montecristi, el 23 de septiembre de 2024. La droga estaba oculta en un contenedor de bananas con destino a Europa.
La jueza Javierca Gómez dictaminó una garantía económica de un millón de pesos dominicanos para Santana Durán. Además, se le impuso la obligación de presentarse ante el Ministerio Público los días 15 y 30 de cada mes durante seis meses, y se le prohibió salir del país sin autorización judicial. Estas medidas buscan asegurar la presencia del imputado durante el proceso judicial y mitigar el riesgo de fuga.
El Ministerio Público expresó su desacuerdo con la decisión, argumentando que los elementos de prueba presentados justificaban la imposición de prisión preventiva. Según el comunicado oficial, la gravedad de los hechos y la naturaleza organizada de la actividad delictiva ameritaban una medida más severa. Las autoridades están evaluando la posibilidad de apelar la decisión judicial.
Santana Durán fue arrestado tras un operativo coordinado por la Interpol en el Aeropuerto Internacional del Cibao, cuando intentaba salir del país. Anteriormente, en octubre de 2024, había viajado a Newark, Estados Unidos, pocos días después del decomiso de la droga, regresando 19 días más tarde, cuando ya se habían emitido medidas de coerción contra la estructura criminal. Durante su arresto, se le incautó un vehículo de alta gama, marca Isuzu modelo D-Max del año 2025, además de 7,899 dólares estadounidenses, 10,000 pesos dominicanos y prendas de alto valor económico.
La investigación también involucra a otros miembros de la presunta red criminal. José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, socios de la empresa Banalasa, SRL, están acusados de ocultar la droga en sofisticados embalajes dentro de las instalaciones de la compañía. Además, Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante son señalados como parte de la estructura dedicada al lavado de activos a través del narcotráfico.
Las investigaciones están bajo la dirección de Ramona Nova y Grimaldi Oviedo, titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi, respectivamente. El equipo investigador lo conforman los fiscales Manuel Castro y Claudio Cordero, por parte de la Procuraduría Antilavado, y Francis Peña, por la Fiscalía de Montecristi. Además, la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público colaboran en el caso.
