211 migrantes regularizan su situación tras denunciar redes criminales desde 2020
En España, un total de 211 migrantes han logrado regularizar su situación y obtener autorización definitiva de residencia y trabajo desde 2020, gracias a su colaboración en la lucha contra redes criminales organizadas.
Esta medida se enmarca en el artículo 59.1 de la Ley Orgánica 4/2000, que permite eximir de responsabilidad administrativa y evitar la expulsión a aquellos migrantes en situación irregular que denuncien delitos como tráfico de personas, inmigración ilegal, explotación laboral o prostitución forzada.
Según una respuesta parlamentaria del Gobierno, a la que tuvo acceso Europa Press, estas autorizaciones se han otorgado bajo circunstancias excepcionales entre 2020 y el 22 de enero de 2025.
La ley protege a quienes colaboren como víctimas o testigos
La ley busca proteger a quienes, como víctimas o testigos, contribuyen a desmantelar redes delictivas que se aprovechan de su vulnerabilidad.
Este mecanismo no solo beneficia a los migrantes, sino que también fortalece la seguridad ciudadana al combatir el crimen organizado.
El partido Vox, liderado por Santiago Abascal, había solicitado información sobre el número de migrantes que no han sido expulsados por acogerse a este artículo. Además, preguntó sobre las expulsiones ejecutadas desde 2019.
El Gobierno informó que en 2019 se tramitaron 4.677 órdenes de expulsión, cifra que disminuyó a 2.000 en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19, pero que repuntó a 3.031 en 2024.
Gobierno rechaza término "ilegal"
El Gobierno español ha sido claro al señalar que, en el ordenamiento jurídico español, no existe la figura de "persona ilegal". En su lugar, se refiere a quienes están en situación administrativa irregular y destaca que muchos de ellos son solicitantes o beneficiarios de protección internacional.
Esta postura refleja un enfoque más humanitario y alineado con los derechos fundamentales.
Además, el Gobierno ha implementado el Programa de Atención Humanitaria, destinado a cubrir las necesidades básicas de los migrantes que llegan a España en situación de vulnerabilidad, ya sea por vía marítima a través de las costas o por tierra mediante las ciudades de Ceuta y Melilla.
Este programa se gestiona a través de centros públicos y en colaboración con entidades del tercer sector debidamente autorizadas.
Esta política migratoria busca equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos, ofreciendo alternativas legales y seguras para quienes huyen de situaciones de pobreza, violencia o persecución.
Al mismo tiempo, fomenta la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen organizado, demostrando que la justicia y la solidaridad pueden ir de la mano.
