Red movió millones en drogas y dinero dentro de República Dominicana
Barahona, RD – La justicia dominicana envía a juicio a los integrantes de una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en 2023 durante la Operación Metal Blanco y que fue responsable del movimiento ilícito de miles de millones de pesos dentro del sistema financiero nacional.
El Juzgado de la Instrucción de Barahona ordenó la apertura a juicio de once personas y una empresa involucradas en la operación.
Entre los acusados figuran José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena ("Ñoño"), Walquides Arquímedes Pérez Santana ("Pillay"), Yuly Esther Pineda Matos y Yoan Moisés Ferreras Báez ("Mochi"), entre otros.
Además, la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL fue identificada como un instrumento clave en el esquema de blanqueo de capitales.
El juez Daniel Emilio Medina Pimentel acogió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público y mantuvo el secuestro de bienes de los imputados, tras valorar las pruebas documentales, testimoniales y periciales que los vinculan con el caso.
Red movió millones en drogas y dinero dentro de República Dominicana
El expediente revela que la organización traficaba cocaína clorhidratada desde la región sur del país, siendo responsables de varios decomisos millonarios. En un solo operativo, ejecutado el 10 de julio de 2023, se incautaron 245 paquetes de la sustancia con un peso de 254.08 kilogramos.
Los registros financieros muestran que la red manejó RD$1,221,436,064.41 y US$96,665.41 en el sistema bancario.
Destaca el acusado Yoan Moisés Ferreras Báez, quien registró movimientos por RD$830,448,082.71 y US$61,155.41. Otro de los principales imputados, José Augusto Romero Cedeño, movilizó RD$116,123,019.66 y US$34,223.52.
La empresa involucrada también registró ingresos sospechosos por RD$35,829,826.76, lo que refuerza la hipótesis de su uso para encubrir operaciones ilegales.
El equipo de fiscales, encabezado por la doctora Ramona Nova Cabrera y el licenciado Wellington Matos, aseguró que la investigación se realizó bajo el marco legal correspondiente y que las pruebas obtenidas garantizan una condena contundente y el decomiso total de los bienes de la organización criminal.