Segundo teniente acusado de asesinar a su pareja y suegra permanecerá en prisión preventiva durante un año
Un tribunal de La Vega ha dictaminado un año de prisión preventiva contra el segundo teniente de la Policía Nacional, Juan Luis Jiménez Adames, acusado de asesinar a su pareja, Meylin Ariany Marte Rodríguez, y a su suegra, Marisela Rodríguez Marte, en un trágico incidente ocurrido el 18 de enero de este año. Además, durante el suceso, resultó herido Franklin Ruiz Inoa, empleado doméstico de las víctimas.
La jueza Adaías Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por las fiscales Aura Luz García Martínez y Claudia Carolina Perdomo, quienes presentaron diversas evidencias que vinculan al oficial con los hechos. Jiménez Adames cumplirá la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, ubicado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Según las investigaciones, el día del incidente, Meylin Ariany Marte Rodríguez contactó a su madre, Marisela Rodríguez Marte, solicitando ser recogida debido a situaciones de violencia con su pareja. Posteriormente, ambas se dirigieron a la residencia de Marisela en el sector Los Robles, La Vega. Esa misma noche, alrededor de las 10:00 p.m., Jiménez Adames irrumpió en la vivienda tras saltar la verja perimetral y accedió por la puerta trasera. En el interior, disparó contra Meylin, causándole la muerte, y al salir, hizo lo mismo con Marisela en la parte frontal de la casa. Además, hirió a Franklin Ruiz Inoa, quien logró escapar y sobrevivir.
Tras el crimen, Jiménez Adames huyó de la escena en un vehículo Daihatsu Move, posteriormente encontrado abandonado en un solar baldío en Villa Altagracia. La Policía Nacional inició una intensa búsqueda, emitiendo una orden de captura y ofreciendo una recompensa de RD$300,000 por información que condujera a su arresto. Finalmente, después de dos meses prófugo, el oficial se entregó a las autoridades en marzo pasado.
El Ministerio Público ha calificado los hechos como violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Este caso ha generado una profunda consternación en la sociedad dominicana, resaltando la urgencia de abordar la violencia de género y reforzar las medidas de protección para las víctimas.
