Un total de 157,562 casos fueron judicializados en República Dominicana en los últimos cinco años.
Se han dado sentencias en el terreno judicial archivando y ordenando prescripciones de sonados expedientes por corrupción o de otra índole. Eso preocupa debido al elevado número de casos en los que la acción penal se ha extinguido en los tribunales del país.
Son decisiones que favorecen a los procesados, logradas sobre la base de estrategias encaminadas por los abogados defensores que incidentan a drede las audiencias con recusaciones contra jueces, usando cualquier excusa procesal, para alargar los procesos hasta provocar la desaparición legal de los expedientes. Naturalmente, ese es su trabajo y para eso les pagan.
Algunos juristas coinciden en que la extinción no solo refleja un grave problema en la resolución de los procesos judiciales, sino que también evidencia la ineficacia del sistema de justicia para cumplir con los plazos establecidos, afectando tanto a víctimas como a imputados.
Si por algunas ineficiencias del Ministerio Público los casos penales perimen en un plazo de un año a cuatro, todos los que están pendientes de audiencias podrían quedar en la impunidad.
Un total de 157,562 casos fueron judicializados en República Dominicana en los últimos cinco años y de estos, 7,825 resultaron acogidos para la extinción de la acción penal en los tribunales de primer y segundo grado, de acuerdo con datos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Es una realidad que se da a nivel nacional. (Ver publicación del periódico Listín Diario en fecha 28/3/2025).
Eventualidades bochornosas han quedado impune, como resultado de varios factores: por influencias políticas, debilidad de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, parcialidad de algunos jueces y la tediosa mora judicial, que consiste en el incumplimiento por parte del juez o tribunal de su responsabilidad de decidir el expediente de que está apoderado en el plazo legal correspondiente.
Toda justicia retardada, es justicia denegada. Varios procesos judiciales se han extinguido por esos factores. La verdad es que los tribunales están abarrotados de expedientes en lista de espera para conocerlos en juicios de fondo. Es una tarea abrumadora.
En períodos de gobiernos que ha tenido el país entre el 1986 y el 2020, muchos políticos han salido salpicados por actos dolosos. Veamos algunos:
-El de la multinacional canadiense Sun Land Corporation, que en el período 2004-2012 firmó un contrato con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para la venta en el mercado internacional de pagarés por un monto de 130 millones de dólares. Ahí quedó todo, nadie fue a la cárcel ni enjuiciado.
-La compra de ocho aviones Súper Tucano, valorada en casi 94 millones de dólares. A mediados de marzo de 2016, la empresa brasileña fabricante de aviones Embraer S.A. admitió a fiscales de Brasil que pagó alrededor de 3.5 millones de dólares en sobornos a un funcionario dominicano para amañar una licitación. En septiembre de 2023, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal para los imputados debido al vencimiento del plazo de prescripción establecido por la ley, ya que la investigación se extendió por más de ocho años. El 20 de diciembre de 2024, los jueces de la Tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocaron esa decisión, devolviendo el expediente al Cuarto Tribunal Colegiado para reiniciar el juicio desde cero.
-El 24 de abril de 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal a favor de los imputados en la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, por vencimiento del plazo de cuatro años para conocerse un proceso de fondo y ordenó el cese de cualquier medida de coerción que estén sujeta los imputados. Luego, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló esa decisión.
-En el 2017, se hizo el sometimiento de 14 personas ligadas a actos de corrupción en el caso de la constructora Odebrecht que estremeció a la cúpula de los principales partidos políticos del país. El 10 de agosto de 2024, la Suprema Corte de Justicia absolvió a los dos únicos condenados en primera instancia, argumentando que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes que demostraran sus acusaciones de soborno, enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones juradas y lavado de activos.
-Se recuerda el juicio contra el expresidente Salvador Jorge Blanco, el único con sentencia penal contra un ex jefe de Estado. Fue condenado en el 1988 a 20 años de prisión y una multa de cien millones de pesos acusado de patrocinar compras irregulares en las Fuerzas Armadas.
-Bahía de las Águilas, que se centró en la presunta venta fraudulenta de títulos de terrenos en una zona protegida en la provincia Pedernales. Después de más de dos décadas en los tribunales, el fraude quedó como una estafa sin estafadores. En 2018, el Tribunal Constitucional declaró la extinción de la acción penal.
-Programa Eventual Mínimo de Empleos (Peme), que involucró a cuatro funcionarios en el gobierno del período 1996-2000, acusados de estafar al Estado con RD$1,438 millones. Todos los imputados fueron dejados en libertad en el 2007, luego que los jueces libraron acta del retiro de la acusación por parte de la Fiscalía y ordenaron el cese de toda medida de coerción en contra los implicados.
-El Plan Renove fue otro de los grandes escándalos de corruptela que involucró a un grupo de 14 políticos que desempeñaron cargos estatales en el 2000-2004. La acusación fue de estafar con RD$1,800 millones al Estado dominicano. Era un programa a través del cual se importaron miles de vehículos livianos y pesados para el transporte público de pasajeros y de cargas. Esas flotillas se distribuyeron entre sindicatos de choferes, de transportes de cargas, asociaciones de estudiantes de los pueblos, ayuntamientos, instituciones deportivas, y otros.
-En el 1991, el gobierno del presidente Joaquín Balaguer se vio obligado a rescindir el contrato con el consorcio canadiense Hidro-Quebec para la concesión, rehabilitación y exploración de redes eléctricas, tras denuncias de sobre valuación del proyecto superior a los 25 millones de dólares. Sin embargo, por el caso no hubo acusados ante la justicia.
¿Habrá extinción de la acción penal a favor de los imputados en los casos relevantes de depravación pendientes en los tribunales, como Antipulpo, Coral y Coral 5G, Calamar, Medusa, entre otros, que continúan en proceso judicial sin haber emitido sentencias de primera instancia.?
El punto común de esos últimos hechos es que los abogados defensores solicitan a los jueces la extinción de la acusación alegando el vencimiento del plazo máximo de duración de los procesos previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal. Hasta ahora, no ha prosperado esa estrategia, que busca la impunidad.
