Sistema migratorio desbordado por falta de control y regulación migratoria en República Dominicana
Santo Domingo.- El abogado experto en derecho constitucional, Juan Miguel Castillo Pantaleón, señaló que la crisis en el sector Hoyo de Friusa, en Bávaro, no es solo culpa del gobierno actual, sino de todas las administraciones pasadas y del sector empresarial.
Castillo Pantaleón advirtió que los enclaves de inmigrantes ilegales son resultado de la negligencia gubernamental en el control migratorio, ya que la entrada, permanencia y salida de extranjeros es exclusiva responsabilidad del Estado.
Asimismo, culpó al empresariado por aprovechar la mano de obra haitiana para evadir costos laborales y de seguridad social, lo que ha permitido la proliferación de asentamientos irregulares en todo el país.
El abogado criticó la falta de aplicación del Artículo 135 del Código de Trabajo, que establece límites a la contratación de extranjeros, permitiendo que muchas empresas prioricen mano de obra ilegal para reducir costos.
Expresó que los sectores agrícola y de la construcción han sido los principales beneficiarios de este esquema, en complicidad con parte del sindicalismo organizado, al que calificó como una farsa que ignora las condiciones de los trabajadores dominicanos.
Impacto de la inmigración ilegal en los servicios públicos y la economía
El jurista denunció que en estos asentamientos proliferan sectores religiosos informales, generando un mercado de la fe que absorbe recursos y evade regulaciones.
También destacó que más de cien comunidades de inmigrantes ilegales han ocupado espacios públicos, muchas veces en condiciones inhumanas e insalubres, afectando el desarrollo urbano y la planificación estatal.
Además, advirtió que estas comunidades generan una sobrecarga en los servicios públicos esenciales, como la educación, la seguridad, la salud y el transporte, deteriorando la calidad de vida de la población local.
Explicó que los hospitales y escuelas enfrentan un aumento descontrolado en la demanda, sin que el Estado implemente medidas efectivas para gestionar la crisis.
Afirmó que la permanencia prolongada de estas comunidades genera una falsa percepción de derecho sobre tierras ocupadas ilegalmente, lo que deriva en una economía informal e ilícita, con actividades que van desde el comercio sin regulación hasta la explotación laboral y el tráfico de influencias.
Finalmente, Castillo Pantaleón criticó la postura de Amnistía Internacional, asegurando que se ha convertido en una herramienta de presión política, promoviendo agendas ajenas a su misión original.
Según el jurista, las acusaciones de esta organización contra la República Dominicana forman parte de una estrategia internacional para forzar la absorción de la población haitiana, desviando la atención de la verdadera responsabilidad de los gobiernos haitianos y de la comunidad internacional en la crisis humanitaria de Haití.
Juan Miguel Castillo Pantaleón fue entrevistado por Martínez Pozo en el programa TOQUE FINAL.
