En la manifestación de Bávaro, el principal llamamiento demanda del gobierno reorientar y fortalecer los esquemas migratorio.
La sacudida patriótica exhibida en Bávaro, Punta Cana, por centenares de dominicanos que gritaron y juraron a todo pulmón la defensa de nuestra soberanía, no tan solo es un ejercicio democrático válido, sino, además, éxito para sus promotores y las propias autoridades que resguardaron el orden y la paz pública.
Hubo intento de sabotaje de individuos “infiltrados” interesados en desacreditar la legítima manifestación de la sociedad dominicana, preocupada por ese flujo migratorio haitiano sin control, que ya rebasa la copa de la paciencia ciudadana.
Friusa, es apenas un ejemplo de los muchos pequeños Haití esparcidos en el territorio nacional, por culpa de las componendas de políticos y empresarios a quienes les interesa muy poco la identidad nacional.
Es urgente endurecer las penalizaciones contra los traficantes de haitianos que utilizan innumerables artimañas para traer al país sus presas, por igual, a quienes los contratan violando las disposiciones legales.
A pocos metros del Palacio Nacional, en el corazón del barrio de San Carlos, en Santo Domingo, están los rostros haitianos que desde décadas atrás ocupan esa zona capitalina.
En la manifestación de Bávaro, el principal llamamiento demanda del gobierno reorientar y fortalecer los esquemas migratorios para frenar la masiva e insoportable presencia de haitianos en todo el territorio nacional.
Hay un sentimiento creciente entre los dominicanos de rechazo, preocupación y molestias por tantos extranjeros ilegales esparcidos en cada provincia, municipio y paraje del país. “La invasión pacífica” bordea los límites de la paciencia ciudadana y amenaza con crear un escenario de confrontación directa que pondría a prueba la propia seguridad nacional.
No se trata de supuestos actos xenofóbicos y racistas sino de entender claramente que ya es imposible seguir cargando con el terrible peso social y económico que representa el éxodo masivo de los haitianos hacia la República Dominicana.
Quedó impregnada en la mente de la población dominicana que la desgracia haitiana va más allá de una inmigración masiva, desestabilizadora y peligrosa para la paz nacional, lo que desgraciadamente, generaría serias confrontaciones políticas y sociales.
Estaríamos, consecuentemente, en la absurda destrucción de un país próspero, aunque con sus dificultades tercermundistas, que expresa solidaridad con sus vecinos sacudidos por la miseria, la violencia y el caos.
Probablemente, sea el arranque definitivo del sentimiento nacionalista de los dominicanos que ya no podrá ser ignorado por la dirigencia de los partidos políticos tradicionales.
A tal punto, que, en las elecciones presidenciales del 2028, aquel aspirante a ocupar el solio presidencial que no defina una postura clara y convincente sobre la inmigración haitiana hacia el país tendrá el rechazo del electorado.
¿Por qué el Estado no define con claridad meridiana una política migratoria que ponga límites al torrente sanguíneo del éxodo de haitianos hacia el territorio nacional?
En Haití, políticos irresponsables y provocadores auspician esa migración masiva hacia suelo dominicano buscando crearles expectativas falsas a sus ciudadanos sobre una eventual fusión de la Isla. Eso, también, ha sido alentado y dirigido desde los propios medios de comunicación haitiano y de RD, en el que se pretende que asumamos la desgracia social del vecino.
Nuestro modelo democrático nuevamente ha fallado porque son los políticos que en los últimos 70 años han gobernado el país, los responsables directos de ese terrible drama migratorio, por auspiciar de una forma u otra manera ese torrencial flujo de haitianos hacia esta parte de la Isla Hispaniola.
Por supuesto, los empresarios, contratistas e ingenieros de obras públicas y privadas tienen una gran cuota de responsabilidad porque han levantado un esquema de favorecer la mano de obra haitiana por encima de la dominicana, bajo el amparo de la explotación salarial.
Políticos y empresarios
Hoy, la industria de la construcción dominicana tiene en los haitianos su principal soporte, igual a lo que ocurría en la industria azucarera cuando el otrora poderoso Consejo Estatal del Azúcar (CEA), contrataba miles de trabajadores desde Haití para el corte y tiro de la gramínea.
La visión empresarial predominante en la República Dominicana se basa en la esquematización costos-beneficios al incorporar la mano de obra barata extranjera sin importarles las consecuencias sociales y políticas que está generando esa problemática.
El estado dominicano se ve acorralado no tan solo por lo que representa esa migración insostenible de haitianos en el país, sino también, por tener que cubrir más del 40% de los partos de extranjeras registrados en los hospitales públicos y la masiva matriculación de estudiantes en los centros de enseñanzas.
A ello, agregamos, la diseminación de haitianos en prácticamente todas las actividades laborales y de servicios del país, obligando a las autoridades a aplicar correctivos, por ejemplo, en el sistema de motoconcho en las principales comunidades. El INTRANT y la Dirección General de Migración firmaron un acuerdo para intentar “frenar” el desorden que generan los haitianos en calles y avenidas.
En otras palabras, el presupuesto nacional está comprometido a proteger a los haitianos en desmedro de las necesidades y penurias de millares de dominicanos.
Nueva marcha
Por eso, están surgiendo con fuerza movimientos que buscan crear conciencia sobre el drama de la inmigración haitiana y sus implicaciones económicas y sociales que, evidentemente, ya es insoportable e insostenible, impactando la calidad de vida de los dominicanos que pagan sus impuestos.
Ante el indiscutible éxito logrado por la marcha-protesta contra la inmigración irregular escenificada en el “Hoyo de Friusa”, en Bávaro, Punta Cana, el pasado domingo 30 de marzo, ahora los representantes de la organización nacionalista Antigua Orden Dominicana, convocó para el 24 de abril una nueva marcha, esta vez hacia el Palacio Nacional.
“El pueblo dominicano ya no aguanta más. Estamos cansados de ver cómo en los últimos 25 años se desborda nuestra tierra sin control, cómo se vulnera nuestra soberanía y cómo se pisotean nuestras leyes ante la mirada indiferente del Estado», planteó la Antigua Orden Dominicana.
Y agrega, que: “La República Dominicana «no puede seguir cargando con una responsabilidad que no le corresponde. Cada barrio, cada campo y cada ciudad grita: ¡basta ya! El pueblo dominicano exige acción inmediata. La paciencia se agotó. La dignidad no se negocia».
Aunque Migración dice que ha deportado en seis meses a 180 mil indocumentados haitianos, desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. La mayor cantidad, se registró en octubre, con 40,223.
No obstante, hay que redoblar esfuerzos y nunca detener esas necesarias deportaciones registradas en el sistema biométrico del organismo gubernamental.
El gobierno del presidente Luis Abinader ha sido consistente en su política migratoria reforzando las medidas de seguridad en la zona fronteriza con el despliegue de centenares de efectivos militares, la construcción de una verja y despliegue de operativos regulares de los organismos de seguridad del Estado.
Mientras la comunidad internacional sigue indiferente a la gravísima crisis e inestabilidad de Haití, donde las bandas armadas mantienen el control de ese territorio, las autoridades nacionales están obligadas a preservar la paz y seguridad de los dominicanos a cualquier precio.
Artículo de Manuel Díaz Aponte
