El delito forestal se disfraza en cadenas legales de comercialización global
El crimen organizado transnacional ha incorporado los delitos forestales a su arsenal de actividades ilícitas, extendiendo su alcance e impacto más allá del narcotráfico, la minería ilegal o el tráfico de armas. Así lo advierte un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), divulgado este lunes 7.
Este fenómeno, en el que convergen deforestación ilegal, tala encubierta y corrupción, afecta directamente a la biodiversidad, a las economías locales y globales, y a las comunidades más vulnerables.
Delitos ambientales se entrelazan con redes ilícitas de alcance transcontinental
Angela Me, jefa de análisis de la ONUDD, subraya que los crímenes forestales suelen estar estrechamente vinculados a otros delitos como el tráfico de especies, el trabajo forzado y la minería ilegal. En palabras de Me, “algunas empresas legalmente constituidas también participan en esta red delictiva buscando atajos para aumentar sus beneficios”.
En Sudamérica, por ejemplo, el narcotráfico blanquea ingresos a través de actividades agrícolas, especulación con tierras y ganadería. En la cuenca del Amazonas, el impacto medioambiental va mucho más allá de la simple tala: ecosistemas completos son arrasados bajo esquemas mafiosos.
Situaciones similares se repiten en la cuenca del Congo y en Somalia, donde el carbón vegetal procedente de bosques talados ilegalmente es gravado por grupos armados con fines políticos o lucrativos.
El delito forestal se disfraza en cadenas legales de comercialización global
Uno de los aspectos más alarmantes es la infiltración del delito ambiental en los canales legales de comercio. Madera talada ilegalmente entra a los mercados globales mediante permisos falsos, sobornos a funcionarios y vacíos legales, blanqueando su origen con complicidad institucional y empresarial.
También se ha identificado que industrias de la construcción deforestan zonas para abrir paso a tala indiscriminada, mientras que ciertos proveedores optan por cambiar de tipo de árbol para evadir regulaciones sobre especies protegidas.
La ONUDD advierte que muchas veces se declaran bosques como degradados de forma fraudulenta para facilitar el cambio de uso del suelo, legitimando la destrucción ambiental. La agricultura insostenible, la urbanización agresiva y el cambio climático actúan como catalizadores de esta degradación sistemática.
A pesar de que 139 países contemplan sanciones penales para este tipo de delitos, las penas varían de forma abismal: desde 30 días de prisión hasta 14 años, y multas que oscilan entre 500 y decenas de miles de dólares. Solo 19 países permiten la confiscación de equipos y productos, y en 20 ni siquiera se penaliza a personas jurídicas, aunque las empresas son a menudo actores centrales del crimen forestal.
El informe concluye que se requiere una regulación más estricta, coordinación internacional efectiva y mayor fiscalización, si el mundo quiere salvaguardar los bosques frente a esta nueva arremetida del crimen organizado.
